El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) puede actuar libremente contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, porque no tiene fuero constitucional.

En entrevista, el diputado federal priista explicó que al momento en que tomó protesta Flavino Ríos Alvarado, como gobernador interino de Veracruz, Duarte de Ochoa perdió el fuero, debido a que ese derecho le pertenece a quien ejerce las funciones de mandatario estatal, es decir, “el fuero sigue al cargo”.

“El fuero sigue al cargo, no puede haber dos fueros al mismo tiempo respecto de un mismo cargo. En ese orden de ideas, si el gobernador solicitó licencia y ya hubo un gobernador que protestó al cargo por el tiempo faltante, obviamente el que tiene el fuero derivado de cargo de gobernador es Flavino Ríos”, detalló.

Por ello, indicó que no hay necesidad de que se presente la solicitud de declaración de procedencia a la Cámara de Diputados, para retirarle el fuero constitucional a Duarte, y por ello la PGR está en plena facultad de solicitar la orden de aprehensión, y el juez no incurre en ninguna responsabilidad en librarla.

“Queda expedita la facultad del Ministerio Público para ejercitar acción penal y del juez, en su momento, si encuentra que la petición de PGR reúne los requisitos constitucionales, en ese momento puede librar la orden de aprehensión, está en plena faculta de ejecutarla si ya fue obsequiada por un juez”, precisó.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) confió en que si la PGR ya tiene librada la orden de aprehensión con toda seguridad va a cumplimentarla.

Expuso que la PGR puede pedir, en el caso de Duarte de Ochoa, el apoyo de la Interpol, e incluso se puede emitir la ficha roja para su localización.

Demandas

Con relación a las demandas de juicio político interpuestas contra Duarte de Ochoa en la Cámara de Diputados, Ramírez Nieto explicó que son diferentes procedimientos, pues la solicitud para el juicio de procedencia y quitar el fuero constitucional es para asuntos jurídicos.

Mientras que la solicitud de juicio político queda abierta para poderse llevar a cabo el procedimiento un año después de que el servidor público haya dejado de ejercer el cargo que desempeñaba.

“La declaración de procedencia es exclusivamente para los temas vinculados con cuestiones penales, el juicio político es para el resto de las cuestiones que no son penales, como son sanciones administrativas e inhabilitaciones, y procede un año después de que deja el cargo el funcionario público”, concluyó.