El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, organización integradora de diferentes colectivos de derechos humanos en pro de las personas en movilidad humana, denunció nuevos actos de hostigamiento, intimidación y perfilamiento racial hacia personas defensoras de derechos humanos por elementos de la policía en Tuzantán, al realizar una verificación migratoria arbitraria e ilegal a personas colaboradoras del Servicio Jesuita a Refugiados-México.
Hechos
“El día miércoles 24 de abril, aproximadamente a las 10:10 a. m., compañeras del Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS MX) fueron hostigadas por elementos de la policía en el tramo carretero federal Tapachula-Huixtla.
“En un retén de la policía, a la altura de Xochiltepec, les solicitaron documentos de la camioneta, argumentando que realizaban recuperación de vehículos robados. Sin embargo, posteriormente les pidieron bajar del vehículo y solicitaron a un integrante del equipo, de nacionalidad haitiana, que presentara los documentos que acreditan su estancia regular en México. La policía no está facultada para realizar verificaciones migratorias”, narró el colectivo.
Luego, al indicarles que no estaban autorizados para solicitar documentos migratorios, los oficiales argumentaron que revisan carros particulares que llevan personas migrantes e insistieron en solicitar información, aduciendo temas de posible tráfico de personas y falsificación de documentos.
Demandaron conocer la dirección de su oficina, a dónde se dirigían y sobre su labor. Posteriormente, los oficiales llamaron a sus coordinadores para corroborar que lo que se había informado fuese verdad; permitieron que el vehículo del JRS avanzara solo hasta que corroboraron la información.
“Estos hechos constituyen hostigamiento e intimidación a la labor de defensa de derechos humanos. Desde que les marcaron el alto, las/os compañeras/os se acreditaron como colaboradores de una organización de la sociedad civil, e incluso mostraron sus identificaciones institucionales”, añadió.
Origen
El Servicio Jesuita abrió su oficina en Tapachula en 2017, como una respuesta a las condiciones de violencia y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas en movilidad en la frontera sur. Desde entonces, realiza labores de monitoreo en espacios de detención, espacios públicos o con mayor presencia de personas en movilidad que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, brindando acompañamiento legal y psicosocial a personas migrantes y con necesidades de protección internacional.