La Organización Sociedad Civil de Las Abejas y sobrevivientes de la masacre de Acteal, rechazaron una “solución amistosa” propuesta por el gobierno mexicano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de los 45 indígenas asesinados el 22 de diciembre de 1997, “impune” hasta la fecha.
“Reafirmamos que la sangre de nuestras madres, padres, hijos y hermanas no tiene ningún precio. En su momento, en el informe de fondo el Estado mexicano tendrá que respondernos por todos los daños que nos han cometido; ese momento sigue sin respuesta”, señalaron.
“Una solución amistosa no revive a nuestros muertos, no borra el dolor, no consuela nuestras lágrimas, no puede tapar la sangre derramada aquí en Acteal, ni mucho menos puede garantizar la no repetición de un crimen de tal magnitud”, agregaron.
En una carta dirigida a la CIDH, dada a conocer este miércoles en conferencia de prensa en Acteal, la agrupación y los sobrevivientes afirmaron que “el Estado mexicano debe ser señalado responsable de tan horrendo crimen”.
Manifestaron que “el nuevo gobierno en México ha generado expectativas de que será un gobierno de los pobres, pero en nuestro caso no queremos generar ilusiones, sabemos que de allá arriba no vendrá la justicia verdadera, razón por la que hoy hacemos una aclaración que en ningún momento los sobrevivientes de la masacre de Acteal, y nuestra Organización Sociedad Civil “Las Abejas” estamos buscando al gobierno actual para pedirle una mesa de diálogo y solución amistosa”.
Subrayaron que “nosotros caminamos nuestra memoria, tomamos fuerza de ella y nos organizamos para seguir resistiendo el extermino. La memoria y dignidad de nuestros mártires, nos define una postura bien clara, mientras nuestra voz no sea escuchada y al gobierno mexicano no se le señala su responsabilidad, no vamos a negociar”.
Manifestaron que “sabemos que tenemos la verdad y la hemos defendido en estos años de impunidad. No vemos una transformación; lo que sí vemos es la continuidad de la destrucción y el despojo a través de la implantación de proyectos económicos”.
Remarcaron: “¡Ya basta! Queremos que se acabe la impunidad en la masacre de Acteal; los sobrevivientes y nuestra Organización vivimos una constante tortura psicológica y desgaste del tejido social en nuestras comunidades, lo que ha provocado divisiones en nuestra organización”.
Aseguraron que “el Estado mexicano, en lugar de castigar a los autores materiales e intelectuales de la masacre, los excarcela y los premia, como lo hizo la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación con los paramilitares confesos, argumentando faltas al debido proceso cometidas desde el inicio de las investigaciones y que fueron encaminadas a ser de antemano infructuosas y como resultado se dio la impunidad”.
Expresaron que “a ocho años, cuatro meses y cinco días que la CIDH admitió el caso -el 1 de noviembre de 2010, en su Informe número 146/10-; consideramos que con todas y cada una de las pruebas que hemos presentado en el caso, hemos dejado evidencia suficiente para señalar al Estado mexicano como responsable de la masacre de Acteal y que cumpla con su obligación por las violaciones cometidas”.
Exigieron a la Comisión CIDH que “dicte lo más pronto posible el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (masacre de Acteal) para frenar la impunidad y el desgaste a los sobrevivientes y sus familiares; que valore las pruebas que hemos presentado en el caso que dan cuenta tanto de la estrategia de contrainsurgencia implementada en Chiapas a través del Plan de Campaña Chiapas 94 y de las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso”.