El Grupo de Trabajo “No estamos todxs” informó que se cumplen 62 días desde que seis presos indígenas en diferentes penales del estado anunciaron el inicio de huelga de hambre en exigencia de justicia y su libertad inmediata e incondicional, ya que fueron víctimas de tortura por parte de las autoridades de seguridad para autoinculparse de delitos que no cometieron.
Los reclusos establecieron el 13 de mayo como el fin de esta protesta, como un acto de buena fe con el gobierno estatal que hasta el momento mantiene un el diálogo a traves de el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos.
La organización acompañante recordó que familiares y amigos, personas expresas y diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos no han cesado en el desarrollo de actividades de difusión, acompañamiento y denuncia, sumándose a las mismas exigencias de esta lucha por su libertad y por la libertad.
Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz, recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) Nº5 de San Cristóbal de Las Casas, pertenecientes a la organización La Voz de Indígenas en Resistencia; Abraham López Montejo y Germán López Montejo, recluidos en el CERSS Nº 14 de Cintalapa de Figueroa, pertenecientes a la organización La Voz Verdadera del Amate; Marcelino Ruiz Gómez y Baldemar Gómez Hernández, recluidos en el CERSS Nº 10 de Comitán de Domínguez, pertenecientes a la organización Viniketik en Resistencia, ya han pasado más de dos meses sin comer nada, para exigir su libertad.
También, dentro de esta acción de huelga de hambre, los presos, con sus denuncias y comunicados, han convertido esta batalla contra el encierro en una denuncia constante de las duras y difíciles condiciones de vida que la población reclusa en general tiene que enfrentar día con día dentro de los penales de Chiapas.
Por ejemplo, en la salud, el derecho al agua, la alimentación, el sistema de impartición de justicia y judicial, entre otros, han sido ejes constantes dentro de sus palabras de denuncias públicas.
“Los procesos jurídicos de estas personas están plagados de irregularidades y graves violaciones a sus derechos humanos. Detenciones arbitrarias sin órdenes de aprehensión, vejaciones a la dignidad, fabricación de delitos, declaraciones arrancadas bajo tortura, falta de traductor, pérdida de expedientes, violación del derecho a una defensa adecuada, dilaciones de hasta 14 años en la obtención de sentencia, falta de presencia de la parte acusatoria, entre otras”, expresó la organización
Diálogo con el gobierno
El grupo de trabajo expresó que a casi 60 días de haber empezado la huelga de hambre no hay respuesta a las demandas; no hay una revisión clara de los expedientes, no sólo desde una perspectiva jurídica, sino política y de vulneraciones a sus derechos humanos.
“No hay una respuesta clara a la investigación de la tortura; los expedientes que necesitaban de su sentencia siguen sin ella y no se tiene conocimiento de que ningún caso esté ya en la Mesa de Reconciliación”, dijo.
Añadió que más allá del desgaste, no hay nada que haga pensar en una salida que no sea la de la acción extrema de huelga de hambre en exigencia de justicia y libertad. Todo apunta a que la integridad, la salud, la seguridad, la vida de estas personas, al igual que su libertad, no es algo que esté en la agenda.
Finalmente, las familias manifestaron la preocupación a que algo pueda llegar a pasarles y que esto tenga un desenlace más dramático. Pero también dicen que estarán al lado de los compañeros presos y que los acompañarán en todas y cada una de sus acciones y decisiones.