Luego de no obtener su liberación tras la revisión de sus expedientes, seis indígenas presos en los penales de San Cristóbal y Comitán acordaron reanudar el próximo martes 14, la huelga de hambre que suspendieron hace un mes, informaron sus familiares.
En rueda de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), aseguraron que después de un mes de reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, han sido testigos de que las autoridades “no cumplieron con agilizar medidas para garantizar procesos de justicia a población vulnerable”.
El Frayba aseguró que “hasta la fecha sólo se logró el traslado, el pasado 2 de mayo, de German López Montejo y Abraham López Montejo, del penal de El Amate al de San Cristóbal de Las Casas, para estar más cerca de su familia, derecho que tienen todas las personas detenidas”.
La agrupación denominada Grupo de Trabajo no Estamos Todxs, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, dijo que a petición de las autoridades que ofrecieron revisar sus expedientes, los presos suspendieron hace un mes la huelga de hambre que iniciaron el 15 de marzo y como protesta mantuvieron un ayuno parcial.
Precisó que los reos que el 14 de este mes reanudarán la huelga de hambre por tiempo indefinido en el penal de San Cristóbal son: Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y López Montejo, mientras que en el de Comitán harán lo propio: Marcelino Ruiz Gómez y Juan Pérez Álvarez.
Añadió que en este último reclusorio, los reos Baldemar Gómez Hernández e Hipólito Jiménez Cruz se declararán “presos en lucha”.
Desde el penal de San Cristóbal, donde está preso, Juan de la Cruz dijo mediante una llamada telefónica, que “hoy acabó el plazo de buena voluntad que le dimos al gobierno, y como no hubo respuesta, mañana martes vamos a retomar la huelga de hambre y el plantón”, en el interior de la cárcel.
El Frayba sostuvo que “los seis presos tzotziles que mañana reinician la huelga de hambre, con riesgo a su integridad y seguridad personal, son un ejemplo más de que el sistema de procuración y administración de justicia es discriminatorio y criminaliza la pobreza”.