El diputado federal Guillermo Santiago Rodríguez afirmó que la propuesta del nuevo reglamento enviada por el Ayuntamiento de San Cristóbal al Congreso del estado para su aprobación, pretende “imponer a la ciudadanía un marco regulatorio ilegal e ilegítimo sobre las sesiones públicas del Cabildo”.

En un comunicado agregó que la propuesta, que pretende sustituir el Reglamento interno aprobado durante el cuatrienio 1992-1995 presidido por Jorge Mario Lescieur Talavera, no corta la libertad de expresión sino el derecho de audiencia, entre otros derechos que se consagran en la Constitución Mexicana.

Afirmó que según la propuesta, aprobada el 24 de febrero (Día de la Bandera) por los regidores afines al alcalde Marco Antonio Cancino González, los periodistas “tendrían que acreditarse para las sesiones públicas porque de lo contrario no podrían tener acceso cuando toda información debe de ser pública”.

Por si fuera poco, añadió el legislador, la propuesta de nuevo reglamento plantea que “los ciudadanos que deseen asistir a las sesiones públicas tendrán que mencionar los puntos que les interesa escuchar” y que “se limitará la participación de cinco ciudadanos con un tiempo de tres minutos por sesión”, con lo que “se transgrede el artículo sexto de la Constitución”.

Santiago Rodríguez manifestó que además, la propuesta pretende “ejercer un severo control sobre los regidores, que sufrirán restricciones inéditas en el ejercicio de sus facultades, ya que Cancino González pretende impedirles, por ejemplo, convocar a sesiones extraordinarias y asesores que no sean de su confianza”.

Tampoco podrían, agregó, “solicitar información a directores de área sin previa justificación por escrito, contraviniendo lo que establece el reglamento vigente, que garantiza a los regidores solicitar cualquier información a los directores y funcionarios del Ayuntamiento”.

El diputado aseguró que “el afán” de Cancino González es “tener el control absoluto sobre las decisiones que fijan el rumbo de San Cristóbal de Las Casas”, por lo que también “ha impedido la realización de sesiones públicas del Cabildo” desde hace cuatro meses.