El diputado perredista Omar Ortega Álvarez impulsa una iniciativa para que el Ministerio Público pueda solicitar al juez la prisión preventiva, solo cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, en un juicio o la protección de víctimas o testigos.
El legislador explicó que esta modificación al artículo 19 de la Constitución, aplica también en caso de que el incriminado haya sido sentenciado previamente por delito doloso.
La prisión preventiva, expuso, ha dejado de ser una medida cautelar extraordinaria y su uso excesivo la ha convertido en "una regla del quehacer legal", lo que contradice el marco jurídico nacional, así como los marcos internacionales en la materia.
El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales refirió que en el país, cuatro de cada 10 reos permanecen en prisión sin haber recibido una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad.
Además, están expuestos a las mismas circunstancias que los inculpados y, en ocasiones, reciben un trato peor, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad.
Asimismo, apuntó, la CNDH señala en el "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015”, que del total de los 130 centros penitenciarios estatales visitados, en 104 hay quienes aún no reciben condena y conviven con las personas condenadas.
Además, la sobrepoblación en los centros de reclusión es otro problema grave y las personas bajo prisión preventiva por lo regular son de grupos muy vulnerables, que encuentran obstáculos en el acceso a otras medidas cautelares como la fianza y un defensor.