La Cámara de Diputados aprobó en fast track y con dispensa de trámites, en lo general y lo particular, el dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República, y lo turnó al Senado para su análisis.
El dictamen, avalado con 370 votos a favor, con lo que se alcanza la mayoría calificada que requiere la modificación constitucional, también establece que el presidente podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria.
Al concluir la discusión en lo general, el presidente de la Mesa Directiva, Edgar Romo García, informó que se habían presentado reservas a los artículos 17 y 112, mismas que fueron retiradas y la votación en lo particular fue de 349 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.
El dictamen avalado con la dispensa de trámites y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 100, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un hecho inédito al incorporar en el artículo 110 constitucional que el presidente de la República sea sujeto de juicio político.
“Podrán ser sujetos de juicio político, el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho (…)”.
Además el fiscal general de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario del Instituto Nacional Electoral (INE), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ente otros.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante el Senado, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara y para el caso del presidente de la República se requerirá de mayoría calificada.
Ello, después de haber distanciado el procedimiento respectivo y con la audiencia del inculpado.
En caso de que el Senado lo avale sin cambios, se turnará a los congresos estatales, ya que por tratarse de una reforma constitucional requiere de la aprobación de la mayoría de estas legislaturas.
El actual periodo ordinario de sesiones, el último de la LXIII Legislatura, concluye el 30 de abril.
El dictamen surgió de 32 iniciativas presentadas por diputados federales, congresos locales y ciudadanos, entre noviembre de 2015 y abril de 2018, y reforma los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política.
Figuraron iniciativas de los congresos de Jalisco (una), de Baja California (una) y Baja California Sur (dos); de los grupos parlamentarios del PRI (cinco), PAN (cinco), PRD (seis), Morena (una), PVEM (una), MC (cuatro) y PES (tres); una de un diputado sin partido, una iniciativa ciudadana y una propuesta conjunta de las bancadas del PRI, PVEM y NA.
El dictamen lo aprobó esta mañana la Comisión de Puntos Constitucionales, también por unanimidad. La Mesa Directiva le dio publicidad poco después de iniciar la sesión de este jueves, se le dispensaron los trámites e inició de inmediato su discusión.
El presidente de la Comisión, Daniel Ordoñez Hernández (PRD), pidió que el Senado apruebe la próxima semana la minuta que le envía la Cámara de Diputados, para que se mande de inmediato a los congresos estatales, para su ratificación.