La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Migración para sancionar con la inhabilitación al servidor público del Instituto Nacional de Migración que haga uso indebido o proporcione a terceras personas documentación migratoria y por violar derechos humanos de los migrantes.
El dictamen, que fue avalado con 416 votos y remitido al Senado de la República, modifica los artículos 109 y 140 de dicha ley y establece que quienes ingresen a una estación migratoria también tendrán los derechos que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.
Al fundamentar el documento, el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputado Gonzalo Guízar Valladares, explicó que actualmente dicha norma sólo considera sancionar con destitución al servidor público que filtre información de la condición migratoria de las personas o viole sus derechos humanos.
La reforma, añadió, busca no solamente destituir a quien violente este precepto, también inhabilitarlo sin detrimento de las otras disposiciones legales aplicables a la materia.
El legislador destacó la importancia del dictamen y que el castigo sea congruente con lo que ya establecen disposiciones de mayor jerarquía en materia de sanciones. “Hoy estamos armonizando no solamente sancionar al servidor público que infrinja la norma en este concepto, sino también inhabilitarlo”.
Por su parte, la diputada del Partido Verde, Lorena Corona Valdés, promovente de la reforma, refirió que acorde con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cada año transitan por el territorio nacional aproximadamente 500 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de países centroamericanos; de ahí la relevancia del dictamen que incide en la protección de sus derechos humanos.
Consideró que la sanción actual, que es la destitución del servidor público, es insuficiente pues la gravedad de esas faltas es mayor, ya que atentan directamente contra la dignidad del ser humano al violar sus derechos humanos, algo inadmisible para cualquier sociedad”.
Desafuero de diputada
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició este martes el proceso de solicitud de desafuero de la diputada local de Chihuahua, Karina Velázquez Ramírez, y el próximo jueves podría concluir el del diputado federal, Antonio Tarek Abdala Saad, informó su presidente, Ricardo Ramírez Nieto.
El legislador indicó que ayer se recibió por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la documentación completa y corregida de la solicitud de desafuero de Velázquez Ramírez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Chihuahua.
Señaló que de acuerdo con el proceso, se le hará saber a la legisladora que tiene siete días naturales para contestar lo que a su interés convenga a partir de que la legisladora reciba, en los próximos días, la notificación del proceso de desafuero.
Donarán para reconstrucción
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aprobó donar 60 millones de pesos para el apoyo de los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado.
La Jucopo también definió los bloques de las comparecencias de funcionarios públicos con motivo del Quinto Informe de Gobierno del presidente de la República.
De los 60 millones de pesos precisó que se canalizarán de la siguiente manera: 50 millones para la reconstrucción de escuelas y 10 millones para equipamiento de rescatistas y personal humanitario a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además se confirma la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Antonio Meade, el próximo 5 de octubre, a partir de las 10:00 horas.