La Comisión de Justicia analiza una iniciativa que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el 390 del Código Penal Federal, con el propósito de imponer una pena inconmutable de cinco a ocho años de prisión, así como de 300 a 500 días de multa a quienes cometan el delito de extorsión.

La modificación normativa establece que comete este abuso el que, mediante amenazas de causar un daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma de extorsión, obligue a otro a dar alguna cantidad de dinero para evitar un perjuicio, con que se coacciona un provecho indebido para sí o para otra persona.

El diputado priista Ricardo Taja Ramírez sostuvo que este delito ocupa el segundo lugar entre los primeros 10 con más incidencia, pues tan sólo en 2016 se cometieron 31.1 millones de estas acciones, que generaron una pérdida económica estimada en mil 104 millones de pesos.

Indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que cada año realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ilícito tiene una ocurrencia de ocho mil 945 casos por cada 100 mil habitantes.

La ENVIPE también refiere que 95.6 por ciento de las extorsiones se hizo por vía telefónica, lo que vincula a la delincuencia organizada en muchos de los casos a los centros penitenciarios.

Los datos consignados por el propio Inegi señalan que 4.4 por ciento de estas extorsiones fueron pagadas; por ello, abundó el legislador, no deja de ser una forma redituable de obtener recursos económicos de manera ilegal para quien se encuentra privado de su libertad.

Ante el incremento en esa conducta delictiva, Taja Ramírez consideró necesario reformar los ordenamientos que se encargan de tipificar el ilícito, adecuándolo a las actuales circunstancias.