Elvira Madrid Romero, presidenta de la organización civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, manifestó que durante la pandemia del coronavirus identificaron varios casos de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en la frontera sur, específicamente en Tapachula, sobre todo originarias de Guatemala.
Mencionó que a pesar de que la frontera se mantuvo bajo estricta vigilancia para evitar el ingreso de personas contagiadas, principalmente durante el año pasado en lo más álgido de la pandemia, la delincuencia organizada buscó la manera de entrar e introducir a mujeres para obligarlas a ejercer el trabajo sexual.
Además, “como no había quién atendiera en las fiscalías de trata, porque me pasó en varios casos que no querían levantar las denuncias; incluso, lo que ocasionó fue que ellos (los delincuentes) se confiaran, ya que no iban hacer nada (las autoridades) y pues siguieron trayendo a más jovencitas de 14-16 años, sobre todo de Guatemala”.
La activista aseguró que a pesar de tener todos los elementos, las autoridades no atienden la situación a pesar de que las mujeres son forzadas al trabajo sexual en la vía pública; incluso llegan a decir que no es trata, “ellas se quisieron venir”.
“Pero todas son jóvenes, vulnerables, enganchadas por los tratantes, y cuando se dan cuenta de las intenciones, es que muchas aún con temor piden ayuda para regresar a su lugar de origen”, declaró.
Indicó que la principal función que realizan es brindar apoyo a las mujeres migrantes que trabajan en bares, cantinas y otros sitios que suelen ser inseguros, asimismo aquellas que ejercen el trabajo sexual que, orilladas por la necesidad de supervivencia, recurren a estas actividades ante la falta de atención integral de las autoridades.
Desafortunadamente, dijo, el acceso a servicios de salud es restringido, incluso han reportado casos que no son atendidos porque el personal de los hospitales públicos dice que sólo pueden atender a cinco migrantes al día.
Además, en cuestión de seguridad tampoco hay una protección como tal, ya que durante la pandemia, por ejemplo, las autoridades sólo acordonaron las áreas donde solían concentrarse las mujeres, lo que las llevó a trabajar en sitios todavía más inseguros.
Destacó que las ayudan a regularizar su situación migratoria para que puedan acceder a mejores condiciones de vida, además para que les permitan registrar a sus hijos cuando nacen en México, ya que a veces, aunque es un derecho, les es negado el registro por el desconocimiento de ellas.