Artículo 19, en su oficina para México y Centroamérica, expresó su preocupación ante los actos de criminalización hacia el colectivo Los Guardianes de los Humedales de San Cristóbal de Las Casas, por lo que exigieron a las autoridades federales y locales garantizar la seguridad de sus integrantes.
Así como del proceso legal contra la empresa inmobiliaria Molino de la Alborada, S.A. de C.V., incluyendo el acceso a información relacionada con los planes de construcción sobre los humedales.
La organización difundió que, a través de una notificación emitida por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, el 27 de junio algunos habitantes de la colonia 5 de Marzo recibieron el aviso de desalojo del predio ubicado en el sur de esta ciudad, donde han habitado desde hace más de 30 años.
Predio en disputa
Las más de cuatro mil personas –la mayoría provenientes de comunidades tseltales, tsotsiles, choles– que desde el 5 de marzo de 1994 se encuentran asentadas en ese predio de alrededor de 15 hectáreas, es propiedad de la empresa inmobiliaria Molino de la Alborada, S.A. de C.V.
De acuerdo con representantes de la colonia, la inmobiliaria quiere vender bajo sus condiciones de daños y perjuicios, el contrato de compra-venta que lleva un proceso de negociación desde el 25 de abril del 2023, con 12 reuniones de trabajo entre la inmobiliaria, los tres niveles de gobierno y los representantes de la colonia 5 de Marzo.
Amnistía resaltó la situación dentro de las labores de protección y conservación del humedal de montaña La Kisst, que han emprendido habitantes de esta colonia, quienes se conformaron como el colectivo Guardianes y Guardianas de los Humedales.
Panorama
Precisamente, el escurrimiento del agua en la parte alta de las montañas desemboca en la mancha urbana de San Cristóbal, justo en la colindancia de la colonia.
El colectivo de defensa ha sido reconocida por su labor en pro de la conservación del humedal, pese a enfrentar hostigamiento y criminalización, el cual ha escalado en los últimos meses.
Mensaje
Por ello, recordaron a los tres niveles de gobierno sus obligaciones en materia de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional, que los obliga a proporcionar información sobre asuntos ambientales que pudieran afectarles; así como tomar medidas efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir.