Tras la serie de conflictos que se han presentado en Chiapas, con la retención de funcionarios, bloqueos, enfrentamientos y hasta remoción de autoridades, la diputada local, Carolina Elizabeth Sohlé Gómez, urgió a que los tres niveles de gobierno intensifiquen los trabajos coordinados para que estos problemas políticos y sociales no se salgan de control.
Entrevistada sobre el tema, recordó que antes, cuando la población se sentía molesta con sus autoridades, buscaban un acercamiento con otras instituciones u oficinas; no obstante, en la actualidad realizan otras acciones que, muchas veces, terminan en actos vandálicos.
“Creo que debe de ser un tema que debe de estar en la mesa de seguridad, en donde se tienen que tomar diferentes estrategias para que este tipo de cosas no estén sucediendo”, remarcó.
Más allá de que exista o no ingobernabilidad en aquellos ayuntamientos que han registrado problemas políticos o económicos, la legisladora local consideró que hay una descomposición social, porque se perdió la tolerancia de los habitantes hacia sus autoridades.
Los últimos sucesos que han trascendido en los municipios se ubican en: Las Margaritas, zona donde el alcalde fue amarrado a un vehículo y, posteriormente, arrastrado en una de las calles de la cabecera municipal.
Además, en el municipio de Simojovel los habitantes, en medio de protestas y enfrentamientos, querían retener a la alcaldesa para que sus demandas se cumplieran.
En el municipio de Bochil, desde octubre de 2018, la zona se ha vuelto ingobernable, se han presentado enfrentamientos a balazos, secuestros, retención de funcionarios, la renuncia (no oficial) del alcalde y hasta el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional.
Sohlé Gómez insistió en que se deben tomar medidas integrales, debido a que los problemas en los municipios también involucran a otras autoridades y, más allá de aplicar “mano dura” por parte de las policías, opinó que los alcaldes y presidentas municipales deben tener más sensibilidad con la población a la hora de gobernar.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aclaró que son los propios funcionarios municipales los que tienen el diagnóstico de los “focos rojos” en sus zonas y los tienen que resolver con el Ejecutivo antes de que la ciudadanía haga justicia por mano propia.