Cientos de personas marcharon este viernes en la localidad de Nueva Israelita, municipio de Simojovel, para conmemorar el tercer aniversario del asesinato del catequista y exdirigente de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López.

En este marco, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigió al Estado mexicano que reconozca que Pérez López “fue asesinado por su labor como persona defensora de los derechos humanos y que la Fiscalía de Justicia indígena abra nuevas líneas de investigación para dar con los autores intelectuales, para que la impunidad no se convierta en una forma de tolerancia que alimente la violencia”.

Las actividades para conmemorar el tercer aniversario de su muerte empezaron el jueves en la cabecera de Simojovel, con un rezo y un acto simbólico en el mercado municipal, donde fue abatido a balazos el 5 de junio de 2021.

Este viernes, cientos de personas participaron en la “peregrinación por la memoria, justicia y verdad para Simón Pedro”, convocada por su familia, la sociedad civil Las Abejas, de la cual fue presidente, las parroquias católicas de Simojovel y Pantelhó, y el Frayba.

Esta última organización difundió un comunicado en el que señaló que el 31 de marzo pasado “se cumplió un año de que fue condenado el autor material del hecho, sentencia insuficiente para garantizar la verdad y reparación integral, pero el Estado cierra los caminos para una justicia cabal”.

Añadió que “pese a que la familia de Simón Pedro, Las Abejas de Acteal y acompañantes exigimos que se investigara su asesinato como represalia por su labor de defensa de los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas fue omisa al respecto y solo se dedicó a probar la responsabilidad del autor material, con lo que la verdad se alejó, pues no se investigó el móvil ni a los autores intelectuales”.

Aseguró que “días después del asesinato de Simón Pedro, en Nuevo Israelita se encontraron artefactos y detonadores que pusieron en peligro a todas las personas del lugar. Para su desactivación tuvieron que acudir elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional a casas de habitantes vinculados con la delincuencia organizada; la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República sin que a la fecha se conozca algún avance”.