Recientemente se conformó la Red Defensora del Estado de Chiapas (Redach), la cual representa a 111 organizaciones comunitarias de agua y saneamiento de diversos municipios del estado.
Dirigida por mujeres, esta organización busca garantizar el derecho humano de acceso del agua, y que la reforma al Artículo 27 Constitucional no ponga en riesgo la gestión comunitaria de este vital líquido.
Creación
Su conformación fue a través de la Asamblea Estatal de Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento de Chiapas, misma que fue convocada por la Asociación de Patronatos de Agua del Municipio de Sitalá (Apams), la Asociación de Patronatos de Agua del Municipio de Chenalhó (Apamch) y el Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento (Omscas).
Asistieron 37 personas en representación de 111 organizaciones comunitarias de agua y saneamiento de los municipios de Chenalhó, Sitalá, Berriozábal, La Trinitaria, Tenejapa, Chalchihuitán, Oxchuc y Chamula.
Entre sus objetivos prioritarios resalta la conformación de esta red que aglutinara a las organizaciones del estado, en el marco del posicionamiento de la gestión comunitaria del agua y la atención a sus problemáticas.
Paradoja
De acuerdo a datos recopilados por Cántaro Azul, asociación que incide en programas y políticas para dotar de acceso al agua a poblaciones que carecen de ella; Chiapas tiene la paradoja del agua, cuenta con más del 30 % de los recursos hídricos nacionales, se coloca como la entidad con mayor cantidad de líquido disponible por habitante.
Sin embargo, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) solo seis de cada 10 chiapanecos tiene acceso al agua.
El 70 % de los ríos en Chiapas se encuentran contaminados. El 13.4 % de las viviendas carecen de acceso a agua entubada y, de aquellas con toma domiciliaria conectada a la red pública, su suministro es inferior al 50 %.
Reconocer la gestión comunitaria
Redach será liderada por tres mujeres y dos hombres, María Luisa Gómez, presidenta; Sabino Pérez Gómez, vicepresidente; Paulina Juárez León, secretaria; Sandra Elena Cruz Domínguez, tesorera y Eusebio Pérez Aguilar, vocero.
Su primer acción consistió en elaborar un comunicado con respecto a la inconformidad de la reforma constitucional del Artículo 27 Constitucional, la cual se “transgredió el sentido original de la propuesta, ahora el texto en vez de protegernos nos pone en riesgo”.