El Colectivo de Monitoreo - Frontera Sur, integrado por organizaciones pro migrantes a nivel local, nacional e internacional, insistió en hacer un llamado a las autoridades para generar acceso a vías de regularización y refugio para las personas en movilidad migratoria que ingresan a México, ya que al no existirlo se continúan los éxodos migratorios.
El Colectivo llamó a las autoridades correspondientes a que respondan a la situación de manera efectiva y respetuosa de los derechos humanos, para que su respuesta no sea la detención migratoria, inmovilización de las personas y familias, ni el traslado discrecional y desinformado a otros puntos del estado.
El llamado se hizo en el marco del éxodo de aproximadamente tres mil personas migrantes y con necesidades de protección internacional de Tapachula, Chiapas, por la carretera costera rumbo a Huixtla el pasado 23 de julio. Lo anterior, ante procesos discrecionales y arbitrarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y violencia por parte de grupos delincuenciales que ponen en riesgo la integridad física, emocional y mental de las personas.
“Observamos una alta presencia de grupos familiares con niñas y niños menores de 10 años, dentro de los cuales hay infancias con neurodivergencia, personas con discapacidad móvil, adultos mayores y mujeres embarazadas. Muchas personas presentan heridas en los pies y piernas, deshidratación, diarrea; además de mujeres embarazadas con golpe de calor”, ubicaron.
Por tanto, las personas del grupo que se desplazan solicitan apoyo humanitario, especialmente agua, alimentos e insumos médicos como vendas y medicamentos. Integrado en su mayoría de personas de nacionalidad hondureña, salvadoreña y venezolana, también detectamos personas haitianas, nicaragüenses, guatemaltecas, cubanas y colombianas.
El Colectivo contextualizó al mencionar la espera por meses de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, lo que les ha generado incertidumbre desde la frontera.
“En el Río Suchiate, desde principios de año, se ha montado un campamento con aproximadamente 800 personas diariamente esperando ser trasladadas hacia Tapachula o Tuxtla Gutierrez. Estos traslados son arbitrarios, se realizan por nacionalidad. El INM no brinda atención ni información oportuna a las familias del campamento. En Tapachula llevan meses de espera sin respuestas claras por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ni del INM sobre sus procedimientos migratorios y de refugio” denunciaron.
Las organizaciones manifestaron, de nueva cuenta, la violencia institucional ejercida por el INM, con la desinformación, falta de claridad y prácticas discrecionales y arbitrarias. Además, el INM no debe utilizar el miedo como práctica de control, a partir del aumento de grupos delincuenciales en la ruta, poniendo en riesgo la vida e integridad física y emocional de las personas.