Gabriel Montoya Oseguera, quien hasta junio pasado se desempeñó como síndico del Concejo Municipal de Altamirano, denunció que más de 300 millones de pesos (mdp) enviados para obras “están en el aire”, por lo que pidió a las autoridades estatales y federales que investiguen su destino, ya que no se sabe en qué fueron invertidos.
En rueda de prensa, informó que debido a que la presidenta del Concejo, María López, “se desvió del camino”, él y los concejales, Mayra Teresa Pérez López, Cristóbal Gómez Santis y Óscar Gómez Velasco, renunciaron en junio pasado, cuando su período debía concluir el 30 de este mes.
Descomposición
Agregó que hasta agosto del año pasado, el Concejo funcionó de manera normal, pero, “a finales de 2023, la presidenta, su esposo Amalio Gómez Jiménez y el tesorero (cuyo nombre no mencionó), empezaron a crear una descomposición interna”.
Señaló que, “a finales de 2023, había 43 millones de pesos para pagar obras que estaban refrendadas y atrasadas. Para febrero de este año empezaron a cobrar las compañías, pero ya se habían esfumado los 43 millones. Las cosas tomaron un rumbo diferente en febrero, por lo que solo quedamos unidos los cuatro”.
“Renunciamos los cuatro para no ser corresponsables del uso del dinero y dejamos claro que la cuenta de diciembre de 2023 y el cierre de año no estaban entregados. No hemos firmado nada y nos deslindamos. En diciembre entregó la presidenta el cierre de 2023 cuando le quedaron a deber a muchos contratistas”, sostuvo Montoya Oseguera.
Desvío
El exsíndico denunció que la presidenta del Concejo “dispuso de entre 8 y 10 millones de pesos para financiar la campaña del Partido del Trabajo en Altamirano”, que postuló a Gaspar Sántiz Jiménez, quien ganó las elecciones del 2 de junio.
Señaló que sumando los 43 millones de pesos que la administración municipal tenía en diciembre pasado y los más de 265 millones que ha recibido en lo que va del año del Fondo para la infraestructura y el Fondo general, Altamirano ha recibido más de 300 millones de pesos “y no se sabe cómo los manejó María García.
“Estamos pidiendo la intervención de las autoridades estatales y federales porque no se sabe cómo se han aplicado esos recursos. Se cayó el concejo municipal con nuestra renuncia y le siguen depositando, pero no hay obras; son muy escasas. Se tiene que hacer un recuento formal y una investigación”.
El ex síndico rechazó ser el responsable de los hechos de violencia suscitados en Altamirano en los meses recientes. “Hace diez meses no he llegado a Altamirano para evitar que me responsabilicen de algunas acciones porque no soy partícipe de la violencia”.
Hostilidad
Responsabilizó al alcalde electo, Gaspar Sántiz Jiménez (primo de Amalio) y al presidente del comisariado ejidal, Rogelio Hernández, junto con su mesa directiva de la privación ilegal de la libertad de varios pobladores de Altamirano en las semanas recientes, así como del desplazamiento de decenas de familias.
“Hay seis familias desplazadas de la comunidad de Galilea desde el sábado pasado. Ese día en la noche hubo cuatro macheteados en el ejido San Francisco. Hay más de 156 personas desplazadas del ejido Usilam desde abril por no alinearse y comprometerse a votar por Gaspar. Están en el poblado San Rafael. Otras 20 familias están refugiadas en la cabecera y rancherías. Esa violencia la provoca gente de ellos”, aseveró Gabriel.
“Están presionando a la gente en las comunidades y la cabecera para obligarla a alinearse con ellos. Gaspar me acusa de ser el responsable de los actos violentos y por eso pido a las Fiscalías estatal y federal que investiguen lo que está pasando porque ha habido desapariciones y homicidios que no se han dado a conocer por temor. El pueblo sabe qué es lo que está pasando”.