Amnistía Internacional, organización a nivel mundial defensora de derechos humanos, denunció el desgaste emocional, físico, psicológico y económico de la Mesa Directiva de la colonia Maya, en San Cristóbal de Las Casas, debido al proceso penal ejecutado en su contra desde el año 2017; fecha en que se emitió la orden de aprehensión.
Por tanto, la organización convocó a las autoridades para que atiendan las recomendaciones contenidas en el referido informe.
Proceso legal
El 17 de mayo de 2024, la Fiscalía de Distrito Altos, del municipio antes mencionado, determinó el no ejercicio de la acción penal que se seguía en contra de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente que se opusieron a la construcción de un fraccionamiento en una zona de conservación ecológica ubicada en la colonia Maya.
La Fiscalía las acusó del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Por tanto, las y los colonos consideraron estar siendo amedrentados y tener miedo de continuar en la lucha por un medio ambiente sano.
“Desde Amnistía Internacional expresamos nuestro enorme gusto por el fin de la persecución judicial injusta a que fueron sometidas: Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Eustacio Hernández Vázquez, Lucero Aguilar Pérez, Martín López López y Miguel Ángel López Martínez. Además de la acción penal, estas personas fueron estigmatizadas por ejercer su derecho a la protesta para ser escuchadas en las demandas legítimas que reclamaban para preservar la tierra, el territorio y el medio ambiente de su comunidad”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Olivares Ferrero reconoció la unidad de las personas de la colonia Maya para resistir durante largos siete años los embates judiciales ilegales con los que se pretendió deslegitimar su lucha, así como su coraje para apoyar a las personas que integran su Mesa Directiva.
Por tanto, reiteraron la necesidad de proteger el derecho a la protesta, una vía fundamental que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente han utilizado para exigir sus derechos, en particular cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas.
Amnistía Internacional documentó el caso de la colonia Maya en el informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, dado a conocer en septiembre de 2023. El mismo está centrado en la forma en que el Estado mexicano hace uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para inhibir y desincentivar su lucha.