Además de enfrentarse a situaciones que tienen que ver con actos de discriminación por parte de la población, extorsiones y hasta abuso de autoridad, las personas que se dedican al trabajo sexual en Chiapas también son vulnerables de adquirir padecimientos que se producen a través del contacto sexual y, lo peor, es que tienen acceso limitado a los servicios de salud.
Una aproximación al tema la ofreció Alejandro Rivera Marroquín, coordinador estatal de VIH/Sida e Infecciones de Transmisión de Sexual (ITS) de la Secretaría de Salud, al mencionar que el riesgo que enfrentan estas personas se debe a que tienen múltiples parejas sexuales y la segunda, es que existe un estigma para que sean atendidas debido al oficio que desempeñan.
Lo que se ha hecho desde la parte institucional, dijo, son estrategias que van enfocadas a la investigación operativa respecto al uso de los preservativos y las pruebas rápidas.
Parte de los resultados que han encontrado en la capital de Chiapas, es que las trabajadoras sexuales en situación de calle y en zonas reguladas tienen un mayor conocimiento del uso correcto del condón que la población en general.
Es decir, las campañas que se han generado por organizaciones de la sociedad civil, colectivos y por las instituciones públicas de salud, han generado una posibilidad de que esta población tenga información puntual de los riesgos que pueden evitar los preservativos.
Quienes se dedican al trabajo sexual también enfrentan obstáculos considerables al momento de acceder (de forma gratuita) a los materiales que necesitan, como medida de protección no sólo contra el Sida, también con otras ITS que pueden ser mortales.
En este primer semestre de 2021 se han entregado en la capital un total de 125 mil condones internos y externos, a fin de cuidar a este sector de la población.
Todos estos trabajos se han hecho en diferentes momentos con el apoyo de las autoridades municipales, con líderes de la comunidad y con organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de este año se han llevado a cabo ocho campañas para hacer pruebas (voluntarias) de VIH en quienes realizan trabajo sexual.
Hasta ahora, la parte institucional ha identificado entre 100 a 130 personas que se dedican a dicho oficio, sin embargo, no es el universo total de quienes se dedican a este; los factores que no permiten ubicar un número exacto de personas se vincula con el hecho de no asumirse en el oficio hasta que la discriminación existe hacia quienes se dedican a este trabajo.
Dentro de los trabajos de investigación que se han realizado desde la parte institucional, detalló Rivera Marroquín, encontraron que la incidencia de VIH es menor en la población que se dedica al trabajo sexual en comparación con la sociedad en general; esto, remarcó, se debe al trabajo que han hecho en los últimos 40 años diferentes organizaciones.
Otra perspectiva
De acuerdo con la especialista en salud reproductiva, Martha “N”, quien por más de 25 años ha prestado servicios en instituciones como Marie Stopes y AMAS A.C., considera que en relación al cuidado de la salud en personas que ejercen el trabajo sexual, debe plantearse una realidad.
“Esta es que existe casos de sexoservidoras que ganan muy bien, pero también existen otras que van al día, salen para conseguir lo de la comida, para solventar los gastos de la familia, y eso tiene mucho que ver para cuidar su estado de salud”, indicó.
Otro factor son aquellas que se dedican a ofrecer este tipo de servicio, en antros o lugares que son especiales para ellos, como es el caso de las casas de cita donde el control sanitario es estricto.
Es decir, los mismos propietarios de estos espacios mandan a una revisión periódica a sus “empleadas”, y las mismas chicas tienen como estricta política no aceptar relaciones sexuales sin condón.
En el de caso de “las mujeres que ejercen en la vía pública, siendo realistas no les alcanza, o está el tema de la vergüenza o el estigma de acudir a solicitar estudios de infecciones de transmisión sexual; un papanicolaou, por ejemplo, está entre 450 a 600 pesos en una clínica particular”.
Expuso que este tema está relacionado directamente del lugar donde se ejerza este trabajo, pero en el caso de la prostitución en vía pública, es una población que no recibe ningún tipo de asistencia.
Otro punto donde se ejerce la prostitución son las zonas de tolerancia que existen en diferentes regiones del estado, siendo la más famosa la “Zona Galáctica” de Tuxtla, en la que a grandes rasgos existe un control sanitario, sin embargo, dijo que las visitas de las autoridades son esporádicas.
Por la supervivencia
Si bien las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la entidad enfrentan un panorama adverso, entre discriminación, extorsión y acceso restringido a servicios de salud, para las mujeres migrantes esto se torna aún más complicado, ya que por la falta de documentos muchas se ven obligadas a trabajar en el sexoservicio.
En Chiapas, la organización civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, trabaja en la protección de derechos humanos y brinda apoyo en servicios de salud, precisamente a mujeres migrantes que ejercen el trabajo sexual y algunas que laboran en bares y cantinas, principalmente en Tapachula, el paso obligado de cientos de migrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, Cuba.
Elvira Madrid Romero, presidenta de la organización, comentó que también apoyan a mujeres en Huixtla, Cacahoatán, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Puerto Madero, Escuintla y otros municipios; en general, gestionan pruebas de VIH, sífilis, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual, papanicolaou y consulta médica general.
De igual forma, las ayudan a regularizar su situación migratoria para que estén en mejores condiciones de vida y para que les permitan registrar a sus hijos cuando son nacidos en México, ya que a veces desconocen que es un derecho.
Indicó que con la llegada de la pandemia también les brindan apoyo de despensas, ya que su trabajó disminuyó en un 80 por ciento, el cierre de negocios y algunos lugares públicos donde ellas se concentraban, lo que las orilló a una situación todavía más precaria, arriesgándose a los contagios, lo que resultó en la muerte de varias, con la total omisión de las autoridades.
Se vieron obligadas a trabajar en la vía pública en sitios muy inseguros, incluso las mujeres que laboraban en bares y cantinas tuvieron que ejercer el trabajo sexual, siendo víctimas de extorsión por parte de la delincuencia organizada que les cobraba por “protección” y “derecho de piso”.
Mientras que por otro lado, se arriesgaron también a la criminalización por parte de las propias autoridades de seguridad, que no les brindan protección, y escudados en que su oficio es ilegal, realizaban detenciones para sólo extorsionarlas, pero con la ayuda de la organización ya no podían.
En temas de salud, comentó que no hay atención oportuna y de calidad a este sector, por lo cual decidieron gestionar e instalar un consultorio médico.
Llegaron a reportar casos en que una mujer migrante llegaba a urgencias en un hospital público, y aunque estuviera grave les decían que solamente podían atender cinco migrantes al día.
Un factor más para la discriminación
David Gutierrez Gamboa, Angélica Evangelista García y Ailsa Anne Winton, investigadores del Colegio de la Frontera Sur, realizaron una investigación denominada “Mujeres transgénero trabajadoras sexuales en Chiapas: las violencias del proceso de construcción y reafirmación de su identidad de género”, en el que señalan los obstáculos estructurales, institucionales e interpersonales que vive cada una de ellas.
Las investigadoras e investigador puntualizan por medio de experiencias narradas, los choques que provoca la constante reafirmación de su identidad trans frente a estigmas que recaen en el trabajo sexual, lo que visibiliza la deslegitimación identitaria que crean oportunidades y hábitos de vida limitados y precarios.
En el estudio, una mujer transgénero es tomada como un grupo expuesto a diversas expresiones de violencia por infringir el orden heteronormativo, mediante expresiones y prácticas que no corresponden con su sexo biológico, pero que son fundamentales en el reconocimiento de su identidad de género.
Esclarecen que debido a que son excluidas del ámbito laboral formal, muchas mujeres trans ejercen el trabajo sexual, pero dentro de ese sector ya estigmatizado se encuentra una desventaja relativa entre sus compañeras y compañeros cisgénero.
La investigación retoma que los tipos de violencia que viven las transgénero en el trabajo sexual coincide, en muchos sentidos, con lo que padecen las mujeres trabajadoras sexuales, sin embargo, existen elementos que particularizan e incluso maximizan las violencias hacia las primeras debido a que su transgresión, se trata también de deshacer las categorías sexogenéricas binarias.
Además, visibilizan una violencia institucional a la que son víctimas, ejemplificada en la falta de servicios hasta los malos tratos por parte de trabajadores del estado.
En la investigación, se concluye que “socialmente se ha excluido a las mujeres transgénero, orillándolas a vivir en la precariedad, ya que institucionalmente no se asegura un ambiente libre de estigma y discriminación que les permita ejercer sus derechos”, mencionaron.
Historia de vida
Bajo los rayos del sol del mediodía, sobre la plancha del parque central, Liz, una mujer dedicada a la prostitución, se acerca a un sujeto que está bajo la sombra de un árbol, le ofrece sus servicios, no lo convence, pero este saca de entre sus ropas unas monedas que ella agarra y continúa su camino.
Pasos más adelante se detiene y acepta conversar, a cambio de unas monedas.
No duda en responder a algunos cuestionamientos sobre los operativos de salud, en los que dice, le entregan preservativos y le hacen la prueba del VIH. “Aquí abajo del parque, en Salud”, comenta.
Cuestionada sobre el posible acoso por ejercer la prostitución en las calles del centro de la ciudad, responde que eso no pasa, ya que han servido las marchas y en su momento manifestaciones de algunos grupos para que se les deje trabajar.
Ella y algunas compañeras más ejercen la actividad en los hoteles cercanos al lado norte del parque central.
Asegura que cambió su turno al horario de la tarde, porque en el turno nocturno había compañeras que “no hacían bien el trabajo” y ya le estaba cobrando a los clientes, “ellas venían a robar nada más”.
En una ocasión, un grupo de hombres portando machetes llegó a amenazar al grupo donde ella estaba y les advirtieron que las matarían, porque una de ellas le había robado a un sujeto.
Se defendió justificando que no había dado el servicio, sin embargo se le acusó de ser una ladrona como el resto de sus compañeras.
Comparte que ella inició por necesidad en el oficio, luego de que nació su primera hija.
A los 14 años de edad comenzó a prostituirse: “Yo era drogadicta, era alcohólica, era ratera, mi trabajo era de carterista, quitar bolsos, arrancar cadenas”, era todo producto de los maltratos y humillaciones que recibía por no controlar los excesos.
“Al tener a mi segundo niño, dejé todo ese desmadre y mejor busqué un trabajo para irme a mi casa. Fue la necesidad, después me junté, después me separé, me volví a juntar”.
Comenta que en las noches en el centro de la ciudad, hay sexoservidoras de unos 20 años de edad.
A sus 38 años, asegura que disfruta acudir a su trabajo, se siente bien con su hija, que ya es mayor de edad, y dos hijos más, uno de 16 y uno más de 12 años.
Una noche, Liz atendió a un sujeto que la llevó en su auto hacia un terreno baldío y oscuro, en donde asegura, sacó un arma y le apuntó en la cabeza, al tiempo de obligarla a que se desvistiera y tuviera relaciones sin preservativo, pero al negarse le aseguró que la mataría.
Pasó por un momento de terror y luego de que el sujeto desistió, la dejó en paz y se alejó de ella. Comparte que es un empleado de alguna oficina del centro de la ciudad, al cual ha visto y este sólo evade la mirada y se aleja con prontitud.