“Hace poco, dos años, la Asamblea de Naciones Unidas declaró al medio ambiente como Derecho Humano Universal”, explicó la investigadora por México, comisionada al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Ivonne Álvarez Gutiérrez. La especialista sostuvo que la relevancia de esto, es que, a nivel legislativo: “México y los estados, tenemos que buscar vías para garantizar este Derecho Humano”.
Fue en 2022 que el Sistema Universal de Derechos Humanos reconoció al medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano. Detalló que si bien la resolución no es jurídicamente vinculante para los países, si hay un compromiso, sobre todo en México al ser uno de los firmantes del acuerdo de Escazú.
Participación
Sostuvo que uno de los ejes importantes de este acuerdo es que la participación ciudadana es elemental, “el acuerdo de Escazú como un acuerdo vinculante, obliga a la autoridad a dar acceso a la información a generar esquemas de participación social y en la toma de decisión y nos permite acceder a los recursos jurídicos, a la protección de los de los ecosistemas y de los recursos naturales”, sostuvo.
Determinó que existe una corresponsabilidad en la protección ambiental, de autoridad, ciudadanos y empresas.
La Federación tiene avances en materia, hay desde una Ley General, hasta varias Leyes Estatales como la del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado de Chiapas.
Sin embargo, dijo se puede avanzar aún más. La especialista jurídica destacó casos de países como Ecuador o Alemania, donde “la naturaleza es titular de derechos y es sujeto de derechos”.
“Nosotros en México todavía no estamos en ese nivel, todavía tenemos una visión antropocentrista, pero judicialmente hablando, más o menos, vamos transitando a ese nivel”, declaró. Y subrayó instrumentos relevantes, como la evaluación del impacto ambiental y las Normas Oficiales Mexicanas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).