La actriz Livia Brito y su expareja Mariano Martínez están citados para presentarse en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México este mes, por el delito de falsedad de declaración en relación con el caso del paparazzo Ernesto Zepeda.
Según el periodista Carlos Jiménez, Brito deberá asistir a una audiencia de oralidad el próximo 18, conforme a un documento del Poder Judicial de la Ciudad de México que él mismo compartió en la red social X. Hasta ahora, Brito no ha hecho comentarios públicos sobre su situación legal. En julio de 2020, durante unas vacaciones en Cancún, la protagonista de La piloto y su novio Mariano Martínez tuvieron un incidente con el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien los estaba fotografiando.
Zepeda presentó una demanda acusando a la pareja de agresión y robo. Según su versión, cuando Brito y Martínez notaron su presencia, se acercaron, le quitaron la cámara y lo golpearon en la cabeza, dejándole una cicatriz permanente. Además, le quitaron su mochila con su equipo de trabajo, la cual luego abandonaron en el hotel donde se hospedaban. Este incidente desencadenó un litigio legal que ha durado más de dos años.
Al siguiente año de la querella, medios nacionales informaron que la juez falló a favor de Livia Brito en la contrademanda que interpuso, argumentando invasión a su privacidad. La magistrada consideró el incidente como “un ataque a la privacidad e intimidad de las personas” y dictó una orden de no vinculación a proceso, buscando proteger la integridad y privacidad de los individuos.
Si bien, Zepeda perdió la demanda por robo, en julio de 2024 se dictó una sentencia contra la artista y su pareja por daño moral, ordenando una indemnización de un millón 200 mil pesos para el paparazzo. Ernesto comentó en Venga la alegría. “Ya hay una resolución, el juez ya dictó que deben pagar el daño moral que me ocasionaron la señora Livia y su novio, entonces ya está la sentencia, sólo a esperar porque van a tratar de meter un amparo y hacer más tiempo”, indicó.
A lo largo del proceso, tanto Livia como Mariano fueron acusados de falsificar declaraciones al inicialmente negar que estuvieran en Quintana Roo durante los hechos, para retractarse posteriormente.