Como cada año, el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cifras escalofriantes demuestran que conmemoraciones como esta continúan siendo necesarias, hasta que la humanidad alcance la plena conciencia de la igualdad de todas las personas y la convicción del respeto a los derechos de las mujeres, en especial el derecho a vivir una vida libre de toda violencia y discriminación.

En este 2024, Naciones Unidas resalta la creciente violencia contra mujeres y niñas, calificándola como una de las violaciones a derechos humanos más generalizadas en el mundo, además de extenderse a prácticamente todos los espacios en los que en la actualidad se desenvuelven las mujeres.

A nivel mundial señala que, en 2023, alrededor de 51 mil 100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia, esto es, cada 10 minutos una mujer es asesinada.

En México, con datos que aporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población, se tiene que a lo largo de nueve años (entre 2015 y 2023) la tasa de feminicidios se duplicó y, aunque en 2023 existe un decremento, debe de tenerse en cuenta que los datos que se reportan solo contemplan los feminicidios clasificados como tales, no aquellos que se registran como homicidios, o bien, aquellos aparentes suicidios u otros decesos de los que no se tiene noticia.

En 2023, los Estados de la República Mexicana que registraron las mayores tasas de feminicidios son: Colima, Morelos, Chihuahua, Nuevo León, Campeche, Tlaxcala, Sonora, Quintana Roo, Sinaloa y Oaxaca.

Un aspecto que resulta de especial preocupación es el nivel de impunidad de este grave delito. A nivel nacional existe una tasa de impunidad promedio calculada en 80.50 % en casos no reconocidos como feminicidio y clasificados como homicidio; y de 93.79 % en casos reconocidos como tales.

Esto implica que nueve de cada 10 de los casos de feminicidios reconocidos no se obtendrá una sentencia condenatoria; situación que demanda una seria atención pues tal parece que se puede privar de la vida a una mujer por el hecho de serlo, sin consecuencia alguna para el victimario, en detrimento del acceso a la justicia para las víctimas.

Ahora bien, el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra una mujer; sin embargo, esta violencia empieza a gestarse —por lo general— a partir de otras manifestaciones, esencialmente de la violencia familiar.

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a septiembre de 2024, se reportan 214 mil 572 presuntos delitos de violencia familiar, con un máximo histórico de 27 mil 500 en el mes de mayo.

La violencia es una conducta que se aprende en el seno familiar, desde temprana edad, para luego reproducirse en un círculo vicioso al que debemos poner fin y, con ello, evitar que el tejido social se siga erosionando con expresiones de violencia en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario.

No es opción continuar en este proceso de normalización de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, como tampoco lo es continuar invisibilizándolas como víctimas.

Debemos pugnar por acabar con la impunidad que cobija a los victimarios y apostar por una justicia de puertas abiertas también para las víctimas de feminicidio.

Esta es la vocación de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la que debemos apoyar como sociedad, apropiarnos de esa visión de igualdad para hacerla forma de vida permanente.

Esta efeméride debe desaparecer de nuestros calendarios, para —en su lugar— celebrar un México igualitario, en el que el derecho de mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia sea una realidad.