La lucha de las mujeres por la representación judicial

Falta menos de una semana para que termine el registro de aspirantes a una candidatura en las elecciones judiciales de 2025. Desde Impunidad Cero realizamos un análisis sobre cómo están estructuradas estas convocatorias y detectamos elementos que podrían afectar la pluralidad, representatividad y paridad de género.

Aunque todas las convocatorias deben garantizar la paridad de género, lo cierto es que, en su mayoría, solo lo mencionan de manera superficial y sin establecer mecanismos claros para su cumplimiento.

Un ejemplo positivo es la convocatoria del Poder Judicial de la Federación, que es la única que especifica paridad para todos los cargos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Justicia (TDJ), los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito, lo que representa un total de 850 cargos.

Por otro lado, las convocatorias del Poder Ejecutivo y el Legislativo limitan la paridad a los cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal de Justicia. Para los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, la definición de criterios queda en manos de los comités evaluadores.

Aunque estas convocatorias del Ejecutivo y Legislativo garantizan la paridad de manera general, no incluyen criterios ni reglas claras que sirvan de marco de referencia para los comités evaluadores. Esto complica la aplicación efectiva del principio de paridad.

La situación es aún más preocupante para sectores vulnerables, como mujeres con discapacidad, indígenas y afromexicanas. Las convocatorias solo mencionan que los comités evaluadores podrán analizar casos de manera particular, pero no aseguran accesibilidad ni representación efectiva para estos grupos.

Hasta el momento, según los comités evaluadores, hay un registro de tres mil 145 personas inscritas, de las cuales 943 son mujeres, es decir, el 30 por ciento. Sin embargo, no existe información sobre otros grupos vulnerables.

El senador Gerardo Fernández Noroña realizó una invitación explícita para que las mujeres participen en el proceso de registro. No obstante, parece que tanto el presidente del Senado como todo el aparato estatal son conscientes de que muchas mujeres enfrentan barreras significativas, como la invisibilización del trabajo no remunerado y las dobles jornadas laborales.

Esto refleja una tremenda desigualdad persistente en la distribución de las labores domésticas y de cuidados, que limita las oportunidades de las mujeres para participar en igualdad de condiciones en procesos.

Además, la reforma judicial ha afectado de manera desproporcionada a la ya limitada presencia de mujeres en el Poder Judicial. Actualmente, solo el 30 por ciento de las magistraturas y juzgados de distrito tienen como titulares a mujeres. Estas mujeres han logrado superar el “techo de cristal”. Sin embargo, muchas de ellas tendrán que retirarse entre 2025 y 2027, o bien someterse al voto popular para mantener sus cargos.

De acuerdo al INEGI, hasta el cierre de 2022, únicamente tres de cada 10 titulares de magistraturas y juzgados eran mujeres, en promedio. Esto evidencia la necesidad de garantizar paridad y mejorar las condiciones para la participación femenina en el ámbito judicial.

Como recordó la presidenta Claudia Sheinbaum con su icónica frase: “Llegamos todas”. No basta con decirlo ni con garantizar leyes, sino que también es indispensable que existan mujeres en los espacios de poder para aplicarlas y hacerlas efectivas.

La representación no se logra solo con normas, sino con acciones que garanticen que las mujeres puedan acceder, participar y transformar estos espacios de decisión.