La lucha de las mujeres por alcanzar una igualdad de derechos frente al género masculino ha sido, por decir lo menos, larga y tortuosa.
Por ello, luego de 200 años de historia que una mujer encabece el Poder Ejecutivo federal da muchas esperanzas de poder lograr una igualdad que se materialice en una sociedad más justa, equitativa, participativa y en condiciones de igualdad y libre de violencia para las mujeres.
De entrada, hay que destacar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando presentó sus compromisos para su gobierno ya anunciaba una serie de paquetes de reformas en favor de los derechos de las mujeres.
Estas iniciativas se presentaron el pasado 9 de octubre y las mismas pueden agruparse en cuatro grandes bloques: la erradicación de la brecha salarial, la participación de las mujeres en puestos de liderazgo, el combate a la violencia laboral y la representación política de las mujeres.
Mediante la presentación de estas iniciativas, la titular del Ejecutivo federal establece constitucionalmente el derecho a la igualdad sustantiva, así como el deber reforzado del Estado en la lucha contra todas las violencias.
Adicionalmente, la iniciativa de reforma constitucional establece la perspectiva de género como principio en la actuación de las autoridades de procuración de justicia y en materia de seguridad pública, así como la constitución de instancias que investiguen los delitos contra las mujeres en todas las entidades federativas.
Sobre la brecha salarial, la iniciativa presenta una modificación a la Constitución para determinar que la legislación secundaria respectiva “…establecerá los mecanismos a reducir y erradicar la brecha salarial de género”. Para la descripción de los apartados, tomaré como base un análisis realizado por IMCO, Centro de Investigación en Política Pública, publicado el pasado 14 de octubre en su página (https://imco.org.mx/iniciativas-por-la-igualdad-de-genero/).
Por lo que hace a la Ley Federal de Trabajo resalta la obligación del Estado mexicano de reducir la brecha salarial de género a través de la promoción de “…acciones para erradicar las prácticas retributivas desiguales”.
Finalmente, en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se determina el “…establecimiento de medidas tendientes a erradicar en todos los ámbitos de la vida profesional y laboral la brecha salarial de género”.
Ahora bien, el Congreso de la Unión tendría 90 días, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, para incorporar las disposiciones legales respectivas que permitan cumplir con el objetivo de esta iniciativa.
Para el caso de la participación de las mujeres en puestos de liderazgo, la reforma presenta las propuestas de añadir la brecha salarial como un factor que limita el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo, particularmente en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Por otra parte, y para que no quede ninguna duda respecto a su interpretación como desafortunadamente se siguen dando, establece en el artículo 41 de la Constitución la obligación de gabinetes paritarios a nivel federal, estatal y municipal.
Así, en materia de representación política de las mujeres la reforma propone una modificación al artículo 41 de la Constitución Política para indicar que: “Los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, deberán observar el principio de paridad de género. Las leyes determinarán las formas y modalidades que correspondan”.
Estas iniciativas, fundamentadas en diversas disposiciones normativas como el principio constitucional de “Paridad de Género”, instituido en 2014, o el de “Paridad en Todo” de 2019 fortalecen no solo la igualdad entre mujeres y hombres, además, buscan alcanzar esa larga lucha de las mujeres por vivir en un país democrático igualitario.
Lo que sigue y de lo que estaremos al pendiente, será ver los alcances de las leyes secundarias, la generación de las políticas públicas respectivas, así como las regulaciones y normativas internas de las instituciones del estado mexicano para lograr, al fin, una igualdad sustantiva.