El pasado miércoles, la mayoría calificada en el Senado de la República aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial, así también la mayoría de los congresos locales, con lo que se completa la obra del Constituyente Permanente para que la reforma forme parte de nuestra Ley Fundamental, previa declaratoria de las Cámaras del Congreso y su promulgación y publicación por el Ejecutivo Federal.

El artículo 135 de la Constitución dispone de un proceso especial a través de un órgano complejo para que pueda ser adicionada o reformada.

En este proceso intervienen ambas Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, que en conjunto integran lo que se denomina Constituyente Permanente o Poder Reformador de la Constitución, requiriendo que tanto la Cámara de Diputados como el Senado acuerden las reformas o adiciones por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, esto es, por al menos 17 congresos locales.

Se trata de la reforma de mayor trascendencia en los últimos tiempos, que introduce cambios sustanciales en la conformación del Poder Judicial Federal (PJF) y en el procedimiento para la designación de quienes lo integren. Sin omitir que impacta de igual manera a los poderes judiciales de las entidades de la República.

Ahora las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); magistradas y magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía, es decir, por voto popular.

A fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones constitucionales, se llevará a cabo una elección extraordinaria el próximo 1º de junio de 2025, para elegir la totalidad de las personas que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del TDJ, así como la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, cuya renovación será escalonada, por lo que concomitante con la elección federal ordinaria de 2027 se elegirá a la parte restante.

Resalta, además, que existen requisitos y un depurado procedimiento de selección en el que cada uno de los Poderes de la Unión postulará las candidaturas correspondientes, garantizando que cubran un perfil idóneo para el cargo, a través de un Comité de Evaluación que se integre en cada Poder. El procedimiento, es de subrayar, cumple con el principio de paridad de género.

A partir de esta reforma la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conformará con 9 integrantes que durarán 12 años en el cargo; al Consejo de la Judicatura lo sustituye un Órgano de Administración, desvinculado de la SCJN; y se crea un TDJ, compuesto por 5 miembros.

Estos son solo algunos de los aspectos más relevantes de esta reforma que, cabe decir, surge de un proceso de parlamento abierto en el que participaron diversos actores políticos, miembros de la judicatura y académicos, entre otros, cuidando todas las aristas de los cambios planteados.

Apostemos al éxito de esta reforma al Poder Judicial, que habrá de estar garantizada por una cuidadosa reglamentación e implementación, escuchando la voz de todos los sectores de la sociedad, así como por las reformas que se avizoran necesarias para la renovación total del sistema de justicia en nuestro país, que acabe con la impunidad, asegure el derecho de acceso a la justicia de todas las personas y nos coloque en el camino hacia una justicia social.