La prisión preventiva oficiosa implica el encarcelamiento de una persona acusada de cometer un delito, independientemente de que haya sido juzgada o no. Esto significa que permanecerá privada de su libertad durante todo su proceso judicial hasta que se concluya la investigación y haya sentencia; en otras palabras, se trata de prisión automática.

Esta figura representa una violación flagrante a los derechos humanos, ya que vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías del acusado. Además, genera un estado de confort para los juzgadores, quienes no se ven obligados a procesar los casos de manera inmediata.

Para muchos penalistas y especialistas en el tema, la prisión preventiva oficiosa constituye una manifestación de populismo punitivo, es decir, medidas políticas diseñadas para que los legisladores, el presidente o los gobernadores busquen congraciarse con la ciudadanía, haciéndoles creer que se alcanzará una justicia más rápida cuando, en realidad, sucede lo contrario.

López Obrador es un defensor acérrimo de esta figura, argumentando que, sin ella, habría un alto nivel de impunidad en el país. Sin embargo, lo que no menciona es que, incluso con esta medida, México ocupa actualmente el cuarto lugar a nivel internacional en impunidad.

Diversos organismos internacionales han advertido al gobierno mexicano sobre el impacto negativo de esta figura, pero se ha hecho caso omiso. Lamentablemente, nuestro país es un modelo de lo que no debe hacerse en términos de justicia. La ONU ha señalado a México a nivel mundial por los casos de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes han estado 17 años presos sin sentencia.

Claudia Sheinbaum ha defendido esta medida y la reciente extensión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aprobado por el Congreso. El pasado 13 de noviembre, declaró: “El que haya prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión; la fiscalía tiene que aportar pruebas”.

No obstante, esta afirmación contrasta con la realidad jurídica y operativa, ya que la exigencia probatoria para iniciar un proceso es tan laxa que, en la práctica, las pruebas se presentan y evalúan realmente durante el proceso judicial. La prisión preventiva oficiosa en México, en muchos casos, se traduce en una condena sin sentencia que castiga, sobre todo, a la pobreza.

En lugar de actuar como un mecanismo de justicia, esta medida se convierte en una condena anticipada que socava el principio de presunción de inocencia.

Para diciembre de 2022, más del 40 % de la población privada de libertad en los centros penitenciarios de México se encontraba en prisión preventiva. Esto no solo agrava la sobrepoblación carcelaria, sino que, en muchos casos, condena a personas que aún no han sido halladas culpables.

En la mayor parte del mundo, la prisión preventiva es una medida de excepción, utilizada solo cuando el acusado representa un riesgo de fuga o peligro para la sociedad. Países como Alemania y Canadá han adoptado un enfoque en el que las decisiones son tomadas de manera individualizada, basadas en evidencias claras y tras un análisis judicial detallado.

En contraste, la realidad mexicana muestra un panorama sombrío, en el que la prisión preventiva oficiosa se aplica de manera indiscriminada, perpetuando un sistema punitivo que castiga más que protege.

La prisión preventiva oficiosa en México es un claro ejemplo de cómo una medida pensada más para obtener réditos políticos que para beneficiar a la población se ha convertido en un mecanismo de injusticia. Eliminar su aplicación no solo debería ser necesario, sino urgente.

Claudia Sheinbaum, quien se define como progresista y respetuosa de los derechos humanos, perdió la oportunidad de demostrar un compromiso real con la justicia al ignorar las voces que claman por una reforma y el cumplimiento de sentencias internacionales que exigen un cambio. En lugar de ello, optó por seguir el camino de su antecesor y buscar el aplauso fácil de sus clientelas políticas.

Lamentablemente, miles de personas seguirán siendo privadas de su libertad bajo un sistema que condena sin sentencia, encarcela automáticamente y castiga la pobreza.