Migrantes venezolanos: el drama.
Primero fue el auge de los migrantes haitianos que armaron varias caravanas desde Tapachula en los años recientes y ahora son los venezolanos los que más caminan en grupos de algunos cientos para presionar a las autoridades migratorias con el fin de que les den documentos para transitar hacia la frontera norte e ingresar a Estados Unidos.
Aunque los haitianos siguen llegando a Tapachula, los que más arriban ahora a esa ciudad fronteriza son los venezolanos que por miles están saliendo de su país, debido a la crisis económica, la falta de trabajo y a las restricciones políticas del régimen, según varios de ellos.
Durante el primer año de la pandemia hubo un respiro de la llegada masiva de extranjeros sin documentos provenientes de distintos países, pero conforme fueron mejorando las condiciones se vinieron en grandes cantidades, empujados por la crisis económica que se agravó precisamente a causa del covid-19.
Tapachula se inundó de migrantes y las autoridades migratorias, sometidas a mucha presión, no se dan abasto para atender a tantas personas que además, exigen rapidez en la expedición de documentos, ya que en la mayoría de los casos llegan con el dinero limitado.
Aunque en la llamada perla del Soconusco sigue habiendo miles de migrantes, en los meses recientes ha habido un desahogo. Primero con la entrega de documentos en las oficinas migratorias ubicadas en Huixtla y después Tapanatepec, Oaxaca.
Con el arribo de miles de extranjeros, venezolanos, la mayoría, en las semanas recientes, esa pequeña ciudad oaxaqueña está a punto de desbordarse, ya que no tiene capacidad de otorgarles los servicios básicos.
La demanda de los venezolanos en cualquier punto del país en el que se encuentran es que las autoridades migratorias les entreguen documentos para trasladarse a Estados Unidos.
Hasta hace una semana las cosas para ellos iban más o menos bien, pero ahora resulta que el gobierno del presidente Joe Biden abandonó desde el miércoles la política de otorgar libertad condicional humanitaria a los venezolanos que ingresan a ese país.
Con el argumento del combate a la propagación del covid-19, Estados Unidos comenzó la aplicación automática del Título 42, disposición establecida por el ex presidente Donald Trump que autoriza expulsar a los migrantes que entren sin documentos a su territorio, lo que viola la legislación internacional sobre el derecho de asilo. (Al drama de los venezolanos se sumaron 2 accidentes de tránsito ocurridos en martes y ayer en Mapastepec y Suchiate con saldo de 3 muertos y 16 heridos).
La aplicación de esta disposición traerá muchos problemas a los venezolanos que se encuentran en México tratando de ingresar al vecino país del norte, pero también le complica la situación al gobierno de México que no tiene capacidad para atender la demanda de miles de migrantes de Centroamérica, el caribe y otros países, porque ni siquiera para los mexicanos hay trabajo, aparte de que la crisis económica golpea fuerte a todos los sectores.
Lo que va a ocurrir con esta nueva política del gobierno gringo es que los migrantes tendrán que tratar de cruzar la frontera con coyotes que les cobran 200 mil pesos o más, a lo que hay que sumarle los riesgos hasta de perder la vida.
Lo que es un hecho es que ninguna ley, restricción o muro detendrá el creciente flujo de migrantes que busca llegar al país de las barras y las estrellas porque allí es más fácil encontrar trabajo y se gana mucho mejor.
El problema es que si Estados Unidos aplica su política de contención, las consecuencias las paga México, que bajo la presión del vecino del norte tiene que acoger a los miles y miles de migrantes que entran a su territorio y tratar de brindarles apoyo.
La capacidad financiera de México es muy distinta a la que tiene el vecino del norte, por lo que dar cobijo indefinidamente a los migrantes es un problema complejo.
Además, el gobierno federal debe de cuidar mucho que las autoridades no violen los derechos de los extranjeros, ya que a menudo el gobierno se queja de los malos tratos de Estados Unidos a los mexicanos en su territorio.
Es cierto que da la impresión de que las relaciones entre Biden y Andrés Manuel López Obrador son muy buenas y de entendimiento, pero el tema migratorio es siempre motivo de presiones y por más que quiera, México termina cediendo y convirtiéndose de algún modo en el patio trasero, aunque se escuche despectivo.
Pareciera que por esas buenas relaciones entre los dos presidentes, el embajador estadounidense, Ken Salazar, se da ciertas libertades como tratar de firmar un acuerdo de cooperación con el gobierno de Zacatecas, encabezado por el gobernador David Monreal, para que haya presencia de agencias como la DEA y FBI, entre otras, para lo que se requiere autorización de instancias federales.
El objetivo del convenio, que finalmente se cayó porque estaba fuera de la ley, era “recuperar la paz de Zacatecas”, y combatir a las organizaciones del crimen organizado, según se explicó al darse a conocer por el diplomático y el gobernador morenista, hermano del senador Ricardo Monreal. No faltó quien interpretara que este último pudo influir para la firma del fallido acuerdo, en un intento de malabares por incrustarse entre los candidatos presidenciales del oficialismo, pero hasta ahora todo ha quedado en pura especulación.
El asunto es que la intromisión de Salazar provocó muchas críticas, al grado de que la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo que salir al paso y leerle la cartilla, acerca de que puede y lo que no hacer en México como representante de su país.
“Ya les hice saber en la embajada en detalle cuáles son los límites que tiene para ese tipo de visitas o compromisos: no se pueden hacer si no está el gobierno federal, no se pueden firmar documentos si nosotros no lo autorizamos”, afirmó el canciller Marcelo Ebrard en una de las conferencias mañaneras de López Obrador. Fin