México vive momentos históricos, no sólo por la elección de la primera mujer presidenta, sino por la reforma al Poder Judicial de la federación que está a punto de concretarse, aunque falta ver en qué términos.

La derecha nacional e internacional está tratando de influir para que no se apruebe la reforma constitucional como la tienen planeada el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Incluso, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de derecha, desde luego, están interviniendo como si se tratara de cambios en sus respectivos países, en defensa de las empresas trasnacionales que tienen su sede en esas naciones y que lo único que les importa es saquear los recursos naturales y de todo tipo imponiendo sus reglas.

En este caso están tratando de intervenir y evitar que se apruebe la reforma como ha sido propuesta al Congreso de la Unión (elección popular de jueces, magistrados y ministros), con el argumento de que afectaría los términos del Tratado de Libre Comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá, cuando lo que buscan es que sus empresas operen en nuestro país sin que nadie les diga o haga algo que afecte sus ganancias.

Quieren que, como ahora, haya jueces a modo que les cuiden sus intereses, por encima de los derechos de los mexicanos.

Hizo bien el presidente López Obrador en poner en “pausa” las relaciones con las embajadas de esos dos países de Norteamérica que tratan de intervenir en asuntos internos de México para defender a la derecha que siente que sus privilegios (no pagar impuestos, por ejemplo) se debilitan.

López Obrador estaba consciente desde el inicio de los obstáculos que enfrentaría al enviar la propuesta de reforma al Poder Judicial de la federación, pero sabía también que tenía que hacerse durante su período porque Sheinbaum tendría más dificultades para sacarla adelante.

De esta forma, es él quien está soportando todo el peso de las presiones internas y externas para allanarle el camino a Claudia, con el fin de que pueda seguir con la llamada cuarta transformación sin menos turbulencias.

A un mes de que deje el poder, Andrés Manuel sigue librando batallas como si nada. Sólo un presidente fuerte y con un apoyo popular, la fuerza política y moral como los que él tiene podría enfrentar a los llamados poderes fácticos.

Un mandatario débil políticamente como los anteriores hubiera fracasado en el intento de hacer una reforma de ese nivel que afecte los intereses de la oligarquía política y financiera nacional e internacional.

Aun cuando López Obrador-Sheinbaum tienen la mayoría calificada en el Congreso de la Unión –ya sólo les falta un senador–, para hacer la reforma, los grupos de interés tratan de impedirlo como si no tuvieran todo el derecho y los elementos para realizarla.

Ante la injerencia del embajador Ken Salazar, quien dijo la semana pasada que la eventual aprobación de la iniciativa de reforma representa un riesgo para la democracia de México, era necesario que el presidente López Obrador tomara una medida como la de “pausar” la relación con la legación diplomática, que fue avalada por Sheinbaum.

Ya se sabe que la postura injerencista del embajador no es personal, sino la de su gobierno y de los sectores conservadores de ese país, y por lo mismo fue retomada y magnificada por un grupo de senadores estadunidenses, que pretendieron dictar el contenido de la reforma en México. ¿Aceptarían en Estados Unidos que México u otro país les dijera cómo hacer sus reformas?

Cualquier otro gobierno de los priistas o panistas habría aceptado las presiones y “sugerencias” de los gringos, pero el actual no. Ningún gobierno de país alguno debería de aceptar imposiciones de otra nación, por más poderosa que sea o se crea como Estados Unidos, que es una potencia.

Para su mala suerte, López Obrador y Sheinbaum ganaron en las elecciones del 2 de junio pasado las diputaciones y senadurías necesarias para sacar adelante la reforma. Es por eso que los planes siguen adelante como estaban previstos. Sólo falta saber en qué términos exactamente será aprobada, posiblemente durante los primeros días de septiembre próximo.

Los días que vienen, ya casi en el cierre del gobierno de López Obrador, serán muy intensos políticamente porque de seguro aumentarán las presiones de los opositores para frenar hasta donde puedan la reforma al Poder Judicial, el único reducto que les queda para tratar de mantener sus intereses.

Por lo pronto, el pataleo en contra de lo que llaman sobrerrepresentación no surtió efecto, poque el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena –léase a López Obrador-Sheinbaum– y por tres curales no la alcanzó en el Senado.

Pero –(casi) todo se puede en esta vida– como tenía que ser, ayer fueron presentados como parte de la bancada de Morena, dos senadores que ganaron bajo las siglas del difunto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Así que sólo le faltaría un voto para tener la mayoría calificada, pero con que alguno de los legisladores de cualquier partido de oposición no asista cuando se lleve a cabo la votación bastará para aprobar las reformas que impulsó Andrés Manuel y apoya Claudia.

De tal suerte que una vez que entregue la banda el primero de octubre, el presidente podrá irse tranquilo a su rancho de nombre rimbombante ubicado en Palenque a escribir sus memorias o a lo que decida hacer. No tendrá la inmoral pensión millonaria de la que gozaban sus antecesores, debido a que él mismo promovió su desaparición, lo que Vicente Fox, entre otros, nunca le perdonará. Fin