Pasaron tantos días (12), que la gente hasta se había olvidado que el ahora exalcalde por usos y costumbres de Aldama, Alonso Pérez Sántiz, estaba retenido en la comunidad de Choyomté desde el 26 de septiembre, cuando todavía era presidente municipal.

Sin embargo, el martes a las 5 de la tarde fue entregado al siempre eficiente titular de la Fiscalía de Justicia Indígena, Mariano López Pérez, en sus oficinas ubicadas en San Cristóbal de Las Casas.

Fuentes oficiales aseguraron que la liberación de Pérez Sántiz y de dos personas más, una de ellas exdirectora de Obras y la otra exdirigente del comité del Partido Verde, fue posible después del pago de un millón 321 mil pesos a las comunidades de Chayomté y Juxtán.

Alonso Pérez fue retenido en San Cristóbal la tarde del 26 de septiembre cuando todavía era alcalde (su cargo concluyó el 30 de ese mes) por habitantes de Chayomté, a donde fue trasladado para presionarlo, con el fin de que les entregara más de medio millón de pesos.

Dos días después de ser retenido fue vestido con ropa de mujer y atado con un lazo, por negarse a pagar el dinero para obras que presuntamente había comprometido y no cumplió.

Inicialmente solo los pobladores de Chayomté le exigían la entrega de más de medio millón de pesos, pero luego se unieron otras localidades, entre ellas Juxtón, que reclamaba un millón 594 pesos.

Las fuentes consultadas afirmaron que los que entregaron el dinero fueron los contadores del ahora expresidente municipal, pero no de su bolsa, sino de los recursos públicos que había recibido el ayuntamiento.

Comentaron que desde el principio se les habían ofrecido 500 mil pesos a los habitantes de Chayomté y 821 mil a los de Juxtón, pero habían rechazo la propuesta, por lo que se había llegado a un acuerdo.

A pesar de que Pérez Sántiz dejó de ser alcalde el 30 de septiembre, las autoridades estatales continuaron con las negociaciones para lograr su liberación, a lo que se sumó el nuevo presidente municipal (también por usos y costumbres), Lucio Manuel López Pérez.

Al ser entregado al fiscal, Alonso fue revisado por médicos para constatar su estado de salud. Aparentemente está bien porque en general fue tratado bien, pero seguramente nunca olvidará la experiencia de haber permanecido retenido 12 días y ser exhibido públicamente vestido de mujer.

Su caso debe de servir de ejemplo para todos los alcaldes que tomaron posesión el 1º de octubre pasado; que si prometen la construcción de obras deben cumplir, y si no tienen dinero suficiente, deben decirles a sus gobernados que no se harán.

Desde luego que en muchos casos hay trasfondo político en la retención de funcionarios, pues en ocasiones se usa como pretexto para cobrarse agravios personales o de grupo.

Otro tema que debería tomarse en serio es el del desplazamiento de que son víctimas las mujeres que fueron elegidas por el voto popular como presidentas municipales, pero que son marginadas por sus esposos que son los que en los hechos manejan el dinero y conducen -bien o mal- los destinos de los municipios indígenas.

Es tiempo de que se acabe con esa simulación en la que están involucrados principalmente, todos los partidos políticos que la promueven y permiten que se viole la ley.

La paridad de género no debe de ser solo en el papel, y si en los municipios indígenas todavía no hay condiciones -¿algún día las habría?-, que los partidos políticos no registren a mujeres como candidatas y que cubran la cuota de género en los municipios con población mestiza.

Desde luego que ello va en detrimento de los derechos de las mujeres indígenas, pero qué caso tiene que sean elegidas como la primera autoridad si de todos modos no son ellas las que ejercen el poder en su municipio.

El Congreso y las autoridades estatales tienen que hacer un análisis profundo de este tema y buscar la forma de revolverlo para evitar más simulaciones y que las mujeres sean “juanitas” como se les conoce popularmente.

Como se había anticipado en este espacio, el caso de Pantelhó está dando mucho dolor de cabeza a las autoridades y al Congreso local porque no se han tomado las decisiones correctas para tratar de medio solucionar el conflicto en ese lugar.

El asunto está tan grave que ayer cumplieron nueve días plantados en el centro de Tuxtla Gutiérrez, algunos cientos de habitantes de ese municipio pertenecientes a uno de los dos bandos que se disputan el presupuesto público.

Quiérase o no, la presencia de grupos masivos en la vía pública genera siempre muchos inconvenientes para los pobladores y para quienes tienen que realizar trámites diversos en oficinas, como ocurre en este caso, y más si quienes participan en las protestas asumen actitudes agresivas como ya ocurrió en días pasados con estos manifestantes.

Aunque no se ha solucionado el problema lo importante es que cuando menos hasta ayer, el Congreso del Estado mantenía el diálogo con los líderes del grupo para tratar de llegar a un acuerdo.

Los representantes de los inconformes saben que es posible que lo que buscan los diputados es ganar tiempo para desgastarlos y obligarlos que regresen a sus comunidades.

Pero saben también que si abandonan la plaza de Tuxtla Gutiérrez y regresan sin un acuerdo firme, difícilmente les van a cumplir porque ya no habría presión, por lo que, de no resolverse rápido el conflicto, los indígenas permanecerán en el centro de la capital del Estado ocasionando muchos problemas.  

Los inconformes han amenazado, incluso, con radicalizar sus acciones para que el Congreso atienda su demanda de que sea reconocido el Concejo Municipal que nombraron en febrero pasado mediante el sistema de usos y costumbres. Los próximos días serán clave en este caso de Pantelhó. Fin