La violencia que prevalece en algunos municipios de la entidad tocó la puerta de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, uno de cuyos sacerdotes, Marcelo Pérez Pérez, fue asesinado arteramente el domingo en la ciudad coleta.

Desde hacía muchos años había recibido amenazas y hasta cierto punto estaba consciente de que de un momento a otro podía ser asesinado, pero continuó con su labor dentro de la diócesis.

No solo se dedicó a predicar el evangelio, sino que acompañó movimientos sociales y alzó la voz para defender a los más desprotegidos, por lo que fue objeto de constantes amenazas de muerte y agresiones por grupos de la delincuencia organizada.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares en su favor desde 2015, cuando era párroco de Simojovel, donde denunció a los caciques de diversos partidos políticos que controlaban el poder municipal.

Colaboró en las parroquias de San Andrés Apóstol, Larráinzar; San Pedro Apóstol, Chenalhó; San Juan Bautista, Chamula; San Antonio, Simojovel y en Nuestra Señora de Guadalupe, en San Cristóbal de Las Casas. Fue coordinador de la Pastoral Social Diocesana y de la Provincia de Chiapas, acompañó distintos procesos de mediación.

Según su ficha biográfica difundida por la diócesis de San Cristóbal, fue defensor de derechos humanos y de la madre tierra, caminó en la búsqueda de justicia y paz, especialmente en Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal.

Desde que estaba como párroco en Simojovel fue objeto de las amenazas más fuertes, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares para protegerlo, pero no resultaron suficientes o él decidió no recibirlas.

Marcelo nació en el paraje Chichelalhó, municipio de San Andrés Larráinzar, el 17 de enero de 1974; sus padres son Miguel Pérez Santiz y Antonia Pérez Hernández; es el tercero de nueve hijos. Fue ordenado sacerdote el 6 de abril de 2002.

Su vida terrenal terminó el 20 de octubre cuando sujetos presuntamente a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa cuando apenas había entrado a su camioneta, después de celebrar la misa dominical de las 6 y media de la mañana.

De acuerdo con algunos vecinos, su camioneta todavía avanzó algunos metros y se detuvo. Varios católicos alcanzaron a observar, por lo que trataron de auxiliarlo, pero ya había fallecido. Eran alrededor de las 7:45 de la mañana. A partir de esa hora, la noticia comenzó a correr como reguero de pólvora no solo dentro sino fuera del país.

El ahora cardenal, Felipe Arizmendi Esquivel, quien lo ordenó sacerdote hace 22 años siendo obispo de San Cristóbal, dijo estar “muy triste” por el asesinato de Marcelo.

Incluso, viajó del Estado de México a Chiapas para participar en la misa de cuerpo presente que se celebró ayer lunes en San Andrés Larráinzar, con la presencia también del obispo Rodrigo Aguilar Martínez, de varios sacerdotes y de más de 500 católicos.

“Lamento muchísimo su asesinato; estoy muy adolorido”, dijo y recordó que Marcelo “fue de los primeros sacerdotes indígenas que ordené como presbítero”, después de su llegad a la diócesis en el año 2000. “Siempre estuvo comprometido con la justicia y la paz entre los pueblos originarios, sobre todo en Simojovel y acompañando a las víctimas de la violencia interna en Pantelhó”.

Aseguró que “nunca se metió en políticas partidistas, sino siempre luchando por que los valores del Reino de Dios se hicieran vida en las comunidades. Son los valores de verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz”.

Muchos sectores de la sociedad se han unido para exigir que se esclarezca el homicidio y se haga justicia. La noticia llegó incluso al Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso y aseguró que se hará justicia.

Dada la grave situación que priva en algunos municipios es necesario que las autoridades apliquen urgentemente los cuatro ejes de la política de seguridad anunciada por la presidenta el pasado 8 de octubre.

Ojalá que el asesinato del sacerdote tsotsil no descomponga más la de por sí grave situación sociopolítica en algunos municipios de los Altos de Chiapas, sobre todo en Pantelhó, donde la situación empeora cada día.

Picotazos. En el ámbito nacional, parece que se empantanó el proceso de reforma del Poder Judicial con el otorgamiento de amparos en contra. Incluso, la jueza de Veracruz, Nancy Flores, exhortó a la presidenta Sheinbaum a retirar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, bajo advertencia, de que si no acata la orden daría vista al agente del Ministerio Público para que la multe e incluso la obligue a dejar el cargo. El estira y afloja está fuerte entre el sector de la derecha que se resiste a la reforma y el gobierno federal que tiene mayoría en el Congreso de la Unión. Por lo pronto, mientras se desenredan un poco las cosas, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en pausa el proceso en la parte que le corresponde. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) acordó mantener el paro de labores que inició hace dos meses, a pesar del llamado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que todos los juzgados y tribunales de la Federación regresaran a trabajar de manera normal. Pareciera que es necesario que las partes confrontadas entablen un diálogo para tratar de destrabar el problema antes de que se genere una crisis constitucional que ponga de cabeza al país. Todavía anoche, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de ese tribunal para 2025, que presentó la ministra presidenta, Norma Piña Hernández. Un problema más, pero a la mejor ahí surge algún punto de negociación. Fin