En San Cristóbal de Las Casas se ha alborotado el avispero debido a que el nuevo Ayuntamiento que entró en funciones el 1 de octubre decidió tomar el control -que por ley le corresponde- del estadio de futbol americano, lo que ha generado protestas de los entrenadores, deportistas y padres de familia que hacen uso de esos espacios.

Las autoridades tienen la razón legal porque las instalaciones son públicas y están siendo utilizadas por un grupo privado sin que exista un convenio actualizado de comodato.

Uno de los argumentos del Ayuntamiento es que esos espacios deportivos deben de ser utilizados por todos los equipos y personas que lo deseen, lo que no ocurre ahora.

En contra parte, la asociación Búhos San Cristóbal (BSC), que administra el lugar, sostiene que a nadie se le niega el acceso y que los ingresos que obtiene por el cobro de entradas los domingos y la cafetería, sirven para el mantenimiento del inmueble y el pago de personas que ahí trabajan.

De acuerdo con diferentes versiones, el fondo del conflicto por la disputa del estadio está relacionado con el ingreso de recursos económicos, con viejas rencillas entre quienes lo tienen en posesión y revanchas políticas, pues las partes pertenecen a grupos políticos diferentes, lo que quedó demostrado en las pasadas elecciones del 2 de junio.   

Según esas versiones, el presidente de BSC, Eduardo Serrano, quien administra el estadio y Martín Elio Ricci, padre de la alcaldesa, Fabiola Ricci Diestel, tienen un pique desde hace varios años, y este último, uno de los que trajeron el futbol americano a la ciudad coleta en los 80, tiene ahora el poder para saldar cuentas.

La alcaldesa aseguró que su papá no tiene nada que ver en el problema y que lo único que el Ayuntamiento está haciendo es recuperar los espacios públicos que le corresponden legalmente que están en manos de grupos privados como BSC.

“Lo único que se le ha pedido es la administración del inmueble, la oficina y la cafetería para que lo tengamos nosotros. El reglamento dice que esos bienes tienen que ser administrados por el municipio”, reiteró la presidenta municipal, quien dijo que si BSC quiere ocupar la cafetería debe de pagar al cabildo como lo hacen las tienditas colocadas en otros espacios deportivos.

Informó que ante la negativa de BSC de entregar la administración del estadio, construido en la pasada administración estatal, el Ayuntamiento ya inició un procedimiento jurídico para recuperar los espacios en disputa.

Desde que se definieron los candidatos a la alcaldía, ambos grupos sabían que pasadas las elecciones podría desatarse el pleito entre los dos grupos que ahora se disputan el estadio. “Desde la campaña política, Martín Elio advirtió que lo primero que haría cuando su hija llegara al poder sería sacarnos del inmueble”, dijo Serrano.

Y en efecto, una vez que Fabiola tomó posesión el 1 de octubre, comenzaron a llegar los avisos de que tenían que entregar las instalaciones deportivas.

A partir de ahí, los dos grupos se han enfrascado en dimes y diretes que han ocasionado un conflicto que ha generado incertidumbre entre entrenadores, deportistas y padres de familia.

La alcaldesa insistió en que el estadio “se ha convertido en un negocio personal, cuando es un campo público”, además de que no existe un comodato, y que “nunca se les prohibió jugar a los integrantes de BSC”.

El otro grupo insistió en que el dinero que ingresa se usa para el mantenimiento de las instalaciones, que dicho sea de paso, están en muy buenas condiciones, con baños limpios y con papel todo el tiempo, lo que no sucede en espacios deportivos públicos.

El caso es que ya se desató un conflicto que podría escalar si no es atendido con tiento político y si no se llega a un buen acuerdo con el que las dos partes queden conformes.

En el ámbito nacional, la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha resultado un tanto polémica, al grado de que ni siquiera los senadores de Morena, el partido oficialista, y sus aliados, se ponían de acuerdo.

La elección para un segundo período estuvo tan complicada que la sesión del Senado tardó más de 13 horas, incluidos cuatro recesos, en la que los legisladores de la oposición intentaron frenar el proceso, pero al final, Morena y aliados votaron en bloque. Piedra Ibarra obtuvo 87 votos de Morena y aliados, más de la mayoría calificada que se requería.

Junto con la hija de la emblemática Rosario Ibarra de Piedra, competían Nashielli Ramirez y Paulina Hernández que obtuvieron 36 votos de la oposición y Paulina Hernández, uno, respectivamente.

Independientemente de su postura política, da la impresión de que algunos legisladores morenistas no están conformes con el trabajo que en su primer período ha realizado Piedra Ibarra, pues pareciera que con ella al frente, el organismo ha perdido protagonismo en la defensa de las garantías individuales.

Como es lógico, los senadores de la oposición no estuvieron a favor de su reelección por el simple hecho de oponerse al oficialismo, además de que consideran que no ha hecho un trabajo a la altura de las circunstancias y porque la vinculan al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, ayer cumplió 71 años.

También organizaciones civiles, nacionales e internacionales críticas de la llamada cuarta transformación han expresado su descontento con la reelección de la ombudsperson .

Lo que sí es un hecho es que Rosario Piedra tendrá que hacer algunas modificaciones y ganar mayor protagonismo en la defensa de los derechos humanos para recuperar la confianza de algunos sectores y personas.

En todo el país hay mucho por hacer en materia de defensa de las garantías individuales, ya que las violaciones son frecuentes en los tres niveles de gobierno, y muchas veces, las comisiones estatales están casi de adorno.

Ojalá, pues, que haya un cambio ahora que Rosario ha sido reelecta para un periodo más que finalizará en noviembre de 2029, lo que significa que estará 10 años en el cargo. Fin