“Gran Mayan”
Oscura telaraña
Poder e impunidad
El gran botín
La región Metropolitana que abarca Tuxtla, Chiapa de Corzo, San Fernando y Berriozábal se ha convertido en una especie de botín para monopolios que, de pronto, brotan de las sombras lúgubres.
Muchos desarrollos inmobiliarios se han puesto en marcha en los últimos años y las quejas de sus habitantes son variadas. Desde la falta de agua potable, casas que se caen y ausencia de servicios violan todos los criterios técnicos que establece la ONU para una vivienda digna.
1. Gran Mayan inició en el año 2021 sobre la cañada de San Fernando, Chiapas. Terrenos baratos, canchas deportivas, parques, lago natural, entre otros, fueron el cebo para cautivar a clientes necesitados de un inmueble. Aparte, el clima es envidiable.
Sin embargo, la destrucción de la vegetación forestal para abrir caminos y lotificación genera un grave daño ambiental cuando lo que necesitamos es un planeta saludable ante la emergencia que significa el cambio climático.
Esa zona es vital para la biodiversidad, además, está reconocida como Área de Importancia para la Conservación de las Aves y se encuentra en una Región Terrestre Prioritaria. En una franca burla a la legalidad, el proyecto se autodenomina “ecológico”, sin tener las autorizaciones pertinentes.
Tanto el proyecto Gran Mayan como Yum Kaax, un supuesto refugio de fauna silvestre, carecen de autorizaciones por la Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno de Chiapas.
La amenaza
2. El proyecto Gran Mayan tampoco cuenta con permisos del Ayuntamiento de San Fernando para su subdivisión y lotificación, lo que implica que los compradores no podrán recibir servicios básicos ni obtener escrituras públicas.
En el pasado, Semarnat negó aquiescencia para obras similares en la zona debido a su impacto ambiental y por no ajustarse a las disposiciones legales aplicables. Representan un grave atentado a la biodiversidad, así como para la seguridad y el bienestar de quienes habitan en ellas.
El secretario de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, Federico de Jesús Ruiz Gamborino, ha propuesto una investigación exhaustiva sobre el tema.
Gamborino, legislador priista, subraya la importancia de conservar los recursos naturales y menciona que ya existen demandas en la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas (PA).
El ayuntamiento de San Fernando prepara una tercera demanda por perjuicio ambiental a su territorio. Pero, ¿por qué se les ha dado carpetazo y duermen el sueño de los justos?
Crucial
3. “Es crucial que los proyectos inmobiliarios cumplan con la legalidad, especialmente si se trata de áreas naturales protegidas”, admite el congresista. “Debemos asegurarnos de que este proyecto no sea una estafa para los compradores de lotes. No está reglamentado, no tiene el uso del suelo ni la subdivisión correspondiente”.
O sea, el viejo diputado priista reconoce la ilegalidad del proyecto, pero solo queda en una narrativa frívola no obstante de que el Congreso tiene el deber constitucional de proteger los derechos de las familias.
La preocupación por los recursos naturales de la cañada de San Fernando, situada en los límites con Tuxtla Gutiérrez, es compartida por varias autoridades y organizaciones.
Frente a la entrada del proyecto inmobiliario se construye un mega hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la colonia Plan de Ayala, lo que añade otra capa de complejidad a la situación
Irregulares
4. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha propuesto a la federación modificar el decreto presidencial de 1980 que creó el Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Dicha modificación incluiría la desincorporación de 91 colonias irregulares asentadas en más de dos mil hectáreas del Área Natural Protegida y la ampliación del polígono federal hacia la zona de Villa Allende en San Fernando, una reserva natural protegida.
Los cinturones marginales nacen al amparo de la impunidad otorgada a empresarios poderosos y a liderzuelos depredadores. Es un negocio muy rentable y hasta podría haber lavado de dinero.
Gamborino indica que en los próximos días, la Comisión de Vivienda del Congreso local abordará el asunto del desarrollo inmobiliario Gran Mayan.
“Vamos a pedir que se investigue en qué condiciones se lleva a cabo, porque hay calles en el predio que no tienen autorización. Si el proyecto resulta ser ilegal, estarían estafando a los compradores”, enfatizó.
¿Qué personas existen detrás? ¿Por qué ese valemadrismo a la ley? ¿Qué funcionarios menores son cómplices? Sin duda hablamos de una oscura telaraña y, de por medio, hay millones de pesos.
REC, la frase
“Trabajaré hasta el último día de mi gobierno para poner las bases sólidas que Chiapas necesita”: Rutilio Escandón.