Como acertadamente lo señala el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de las personas y las familias. Es el centro de la vida social, emocional y a veces económica, por lo que debería ser un santuario donde se viva en paz, con seguridad y dignidad.
La vivienda es un derecho humano, no una mercancía. Así lo entiende la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y se refleja claramente en el Programa de Vivienda y Regularización, a través del cual se construirá un millón de viviendas sociales, con la finalidad de apoyar a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, personas indígenas y adultas mayores.
De estas viviendas, la mitad serán construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para la población derechohabiente, y la otra mitad para personas no derechohabientes las hará la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), cuyo financiamiento correrá a cargo de la Financiera del Bienestar (Finabien).
El proyecto contempla construir unidades habitacionales cercanas a los lugares de trabajo, con servicios públicos y acceso al transporte público, lo que propiciará mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población y prevé construir el próximo año 165 mil viviendas nuevas, mejorar 100 mil en la zona oriente del Estado de México y regularizar más de 120 mil escrituras.
Destaca que se conformará una empresa constructora del Infonavit para disminuir costos e incrementar la capacidad habitacional, proyectando construir 500 mil viviendas sociales y entregar 250 mil créditos para mejoramiento, con el objetivo de garantizar vivienda accesible, digna, de calidad y a un precio justo que beneficie a las y los mexicanos, no a las empresas constructoras como sucedía en los gobiernos neoliberales.
Una de las acciones que constituirán un verdadero parteaguas para el bienestar, estará a cargo del director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, quien construirá 500 mil viviendas con todos los servicios y de hasta 60 metros cuadrados, lo que requerirá una inversión de 285 mil millones de pesos y la mejora de 300 mil viviendas por un monto de 15 mil millones.
Además, el financiamiento para la población no derechohabiente de bajos ingresos será subsidiado, por lo que tendrá una tasa de interés de cero por ciento; la capacidad de pago será determinada por un estudio socioeconómico, con mensualidades asequibles que no rebasen treinta por ciento de sus ingresos, tomando en cuenta un periodo de hasta 30 años para el pago total.
También de manera inédita, el programa contempla que se destinarán 100 mil viviendas para las y los jóvenes entre 18 y 30 años con una temporalidad de arrendamiento de hasta siete años en unidades habitacionales cercanas a centros educativos y zonas industriales, con todos los servicios y cuyo alquiler no rebasará treinta por ciento de sus ingresos.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, para miles de familias y millones de personas será una realidad y no un sueño inalcanzable tener una vivienda propia, con materiales de calidad, todos los servicios y en lugar accesible a la escuela de sus hijas e hijos y a su lugar de trabajo. Una casa propia, un hogar, un lugar para vivir, desarrollarse y convivir con sus seres queridos sin la zozobra de ser desalojadas y el riesgo de habitar un espacio que no cuenta con las mínimas condiciones de seguridad. Una casa para envejecer o pasar la vejez, un buen espacio para comenzar la vida productiva, una vivienda para hacer posible el ejercicio de otros derechos humanos y fundamentales.