El gobierno entrante recibirá el curso de la educación superior con un sinfín de retos. La seguridad al interior de las universidades es uno de ellos. Esta preocupación no es nueva. Desde hace años se han documentado hechos de violencia en las instituciones.

Es una problemática compleja que requiere contextualizarse en una violencia estructural que ha fragmentado el sentido de comunidad y cohesión social y que ha modificado la forma en la que nos relacionados en la vida pública.

Hace unos días la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana llamó a un paro como protesta por los acontecimientos de violencia ocurridos en dos de sus unidades; una agresión física a un estudiante en la UAM Xochimilco y la lamentable muerte de un estudiante de la UAM Azcapotzalco cerca de sus instalaciones.

El reclamo de la comunidad estudiantil es legítimo. Nos obliga como institución a discutir con responsabilidad el alcance de esta problemática en el desarrollo de nuestras funciones sustantivas. Ante todo, se trata de reflexionar y actuar colectivamente para hacer de nuestra universidad un lugar seguro y libre de violencia.

El camino para lograrlo no es nada sencillo. Es un llamado para relacionarnos y visualizarnos de manera distinta entre los actores que convivimos y habitamos esta casa que llamamos universidad; estudiantes, autoridades, personal docente y administrativo.

Es una tarea que exige respuestas corresponsables y colectivas. En este sentido, nuestra capacidad de agencia debe retroalimentarse sobre la base de un proyecto universitario que ha apostado a la horizontalidad en la toma decisiones.

Al personal docente nos toca asumir una función reflexiva y crítica. La comunidad estudiantil reconoce nuestro trabajo, pero también reclama un trato más digno y respetuoso.

En el caso de la UAM Xochimilco, esta convocatoria adquiere un sentido particular por los rasgos de un sistema pedagógico que llama a forjar un pensamiento crítico como puente para la transformación social. Sugiere también innovar nuestras prácticas pedagógicas y orientarlas a la construcción de relaciones más respetuosas y fraternas que colaboren a una cultura de paz en la universidad.

A las autoridades les corresponde generar las condiciones para cumplir con el mandato normativo de proteger la integridad y seguridad de la comunidad universitaria, así como construir un diálogo continuo con los distintos actores, principalmente, con el estudiantado, tal y como se mostró durante el último paro estudiantil.

Un resultado de este diálogo fue la propuesta para instrumentar el Programa Integral Comunidad Segura UAM Xochimilco. Es una plataforma que puede retroalimentarse y enriquecerse con las distintas miradas y experiencias de la comunidad universitaria. Asimismo, a partir del 20 de septiembre se establecerán mesas de trabajo para construir, desde la pluralidad que caracteriza al pensamiento universitario, soluciones que nos encaminen a vivir una universidad libre de violencia.

Al personal administrativo y especialmente al sindicalizado le atañe, desde su ámbito, a participar en la construcción de esta solución. Es una oportunidad para mostrar que el sindicato (Situam) tiene capacidad de creación e innovación; que hay disposición para reconocer lo que no se ha hecho bien y, desde esa base, plantear los cambios que sean necesarios. Por ejemplo, pensar en la profesionalización de las y los vigilantes.

La construcción de una solución colectiva y corresponsable requiere realizarse de la mano del estudiantado. Es un desafío mayúsculo para una comunidad de poco más de 15 mil estudiantes en la Unidad Xochimilco.

Representa un reto en su organización y en el reconocimiento de las distintas formas de vivir la participación política en la universidad, y de los espacios institucionales que existen para ello.

Lo relevante no sólo para el estudiantado sino para toda la comunidad universitaria, es avanzar en las coincidencias y discutir, con la madurez institucional que nos dan cincuenta años de historia, nuestras diferencias.