La Asamblea de Comuneras y Comuneros de Jalapa del Marqués y Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) acusaron a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno (Segego) de promover el despojo de sus tierras comunales al favorecer a la comunidad de Santiago Lachiguiri, con la que mantienen un conflicto agrario.
Desde hace 18 meses los comuneros de Santa María Jalapa del Marqués han sostenido diálogos con ambas dependencias del gobierno para dar solución a este problema de límites, tras la invasión de alrededor de 800 hectáreas de su territorio por sus vecinos de Lachiguiri.
También acusaron a Joel López Vásquez, quien afirman que no es comunero de la comunidad, y sin embargo, ocupa el cargo de presidente de Bienes Comunales desde hace dos años. Durante este periodo, afirmaron, ha encubierto la expedición de documentos presuntamente ilegales firmados por el anterior ex presidente de Bienes Comunales, Gumercindo Ortiz González.
Estas acciones ilegales, según la Asamblea de Comuneros y la APIIDTT, son respaldadas por la presidenta municipal de Jalapa del Marqués, Joselin Esquivel Balseca, por su interés de promover al actual síndico municipal, Ricardo Miniaga Zárate, como el próximo presidente de Bienes Comunales.
“Para favorecer el despojo y venta de tierras para grupos políticos y personas afines a ella, todo validado y en contubernio con el licenciado Luis Alberto Jiménez Paredes, director de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec”, sostuvieron.
El conflicto agrario, informaron, se ha agudizado en los últimos meses precisamente con la intervención de la Segego, representada por Eliseo Cortés Pérez y con la participación de Gonzalo Villalobos López, delegado de la Procuraduría Agraria.
Después de siete meses de mesas de trabajo en las cuales se establecieron acuerdos, explicaron que estos no se cumplieron por parte de las dos dependencias de gobierno.
Ante esta situación, viajaron a la Ciudad de México para reunirse con el subprocurador federal de la Procuraduría Agraria para que este diera instrucciones con el fin de dar solución al conflicto agrario, sin embargo, acusaron a Gonzalo Villalobos de detener el proceso y de negarse a dar información o solución al problema agrario.