Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que en toda la fiscalización que se ha hecho de la construcción del Aeropuerto de Texcoco se han presentado 84 denuncias de hechos por 14 mil 789 millones de pesos por posible daño al erario público.
Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Gerardo Lozano Dubernard se quejó que en la pasada administración de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Juan Manuel Portal, no determinó ningún daño al erario público por la compra de la planta de Agronitrogenados; ni de las acciones de Grupo Fertinal.
En su exposición, Gerardo Lozano Dubernard informó que en la administración de David Colmenares tuvieron que iniciar de cero en la revisión de estas dos adquisiciones debido a que no se determinó ninguna recomendación u observación, por lo que ya se presentó la denuncia de hechos por la compra de Agronitrogenados, y la próxima semana se presentará la querella por las acciones de Grupo Fertinal.
ASF separa de su cargo a auditor
Al finalizar la comparecencia de los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación ante la Comisión de Vigilancia, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (MC), informó que la ASF separó del cargo al auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, por la investigación que se está realizando de la fiscalización de la sobreestimación de la no construcción del aeropuerto de Texcoco.
El presidente de este órgano dijo que no cierran la mesas de trabajo, y el próximo encuentro será precisamente con Caso Raphael.
Dijo que el hecho de que esté separado del cargo no lo excusa de participar en una próxima mesa de revisión.
Cesaremos a funcionarios
Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, aseguró que cesará a cualquier servidor público que haya actuado con intereses personales en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal que se aparten de los objetivos de la fiscalización.
Colmenares aseguró que no hay ningún tipo de presiones, ni de mala fe, y adelantó que si hubiera habido algún comportamiento negativo, él hubiera sido el primero en denunciarlo.
“Pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en el proceso de fiscalización”, explicó Colmenares.