La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados aprobó su agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre, la cual consta de cuatro grandes rubros.

Los diputados priistas también acordaron proponer a Gloria Imelda Félix para ocupar la vicepresidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro y a Raúl Domínguez Rex, como secretario.

El vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, fue el encargado de dar lectura a la propuesta avalada por unanimidad por los legisladores del Revolucionario Institucional.

Apuntó que el PRI es el partido en el gobierno y por lo tanto impulsa y apoya las iniciativas del Ejecutivo federal como es el caso de las iniciativas en materia justicia.

Durante su intervención comentó que durante la presentación de las agendas legislativas entre las diferentes fracciones parlamentarias, el 100 por ciento de ellas coincidió con la del partido y en algunos casos se incluyeron puntos del PAN, PRD y PVEM.

El primer eje busca la protección de la economía familiar, y en donde se incluye el Paquete Económico 2017 sin impuestos nuevos ni aumento de los existentes, que simplifique los trámites para los contribuyentes y promueva la inversión en ciencia y tecnología.

Otro rubro es el de las reformas a diversos ordenamientos para impulsar un salario justo y suficiente; el establecimiento de medidas para fomentar actividades productivas en ramas estratégicas de la economía.

Mencionó que el segundo eje es el de calidad de vida e igualdad social que incluye reformas para el fortalecimiento de las políticas de igualdad social; medidas para facilitar el acceso al desarrollo pleno de las mujeres y legislación en materia de juventud.

Mientras que el tercer punto abarca seguridad ciudadana y justicia democrática, en donde se incluyen reformas constitucionales y legales en materia de justicia cotidiana; segunda generación de reformas en materia de justicia.

Y el cuarto punto gira en torno a transparencia y rendición de cuentas, donde se incluyen propuestas en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y archivos.