En la narrativa sobre la lucha contra la delincuencia organizada, el foco suele estar en la violencia, los operativos espectaculares y las detenciones mediáticas. Sin embargo, detrás de las armas y los encarcelamientos hay un campo de batalla más importante: el financiero.
La delincuencia organizada no sólo es fuerza bruta; es, sobre todo, una maquinaria económica que opera como una empresa multinacional.
Por ello, controlar su flujo de recursos, cortar sus ingresos, bloquear sus activos y decomisar sus bienes es una estrategia que puede marcar la diferencia entre golpes momentáneos a los que se está acostumbrados y una victoria duradera que se nos promete: la Estrategia Nacional de Seguridad presentada esta semana por la presidenta Sheinbaum incluye un gabinete alterno integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, Pemex y el Servicio de Administración Tributaria, y en el que ojalá participe propositivamente la Fiscalía General de la República, precisamente para privar a la delincuencia organizada de los instrumentos y frutos de sus actividades criminales.
Es el reconocimiento, por fin, de que, para una organización delictiva, perder propiedades, cuentas bancarias y bienes significa una erosión mortal en su poder corruptor y de impunidad.
No obstante, ese proceso de desmantelamiento financiero no está exento de problemas. A menudo, los activos están a nombre de terceros o escondidos en intrincadas redes de prestanombres y empresas fantasma.
Para el Estado, identificar, asegurar y extinguir el dominio de esos bienes requiere una capacidad de investigación especializada y una voluntad política decidida. No es sólo cuestión de proponer y de intentar hacer, sino de actuar con precisión quirúrgica siguiendo el rastro del dinero con la misma tenacidad con la que se busca a los líderes de los cárteles.
Obviamente, tal ofensiva no puede ser solitaria. Ningún país puede enfrentar este problema de manera aislada. El crimen organizado opera de manera global, moviendo sus activos a través de fronteras y utilizando lagunas en los sistemas legales y financieros internacionales.
La cooperación entre naciones es, por tanto, una pieza clave en la estrategia para sofocar económicamente al crimen. De allí la importancia de mantener relaciones sanas con los países perjudicados como, por ejemplo, Estados Unidos o China.
Desde luego, esta lucha no se ganará en un día, y mucho menos si se mantienen las estrategias fallidas del pasado. Es necesario dotar a las instituciones de las herramientas jurídicas para transitar del mero aseguramiento a la extinción de dominio y ello implica tiempo y talento. No obstante, vale la pena: se trata de una cruzada paulatina, pero tremendamente efectiva.
Asfixiar financieramente al crimen a gran escala es, sin duda, un paso imprescindible hacia la reconstrucción del tejido social, la recuperación de espacios públicos y la creación de un entorno en el que la violencia e impunidad ya no sean el destino inevitable de México.
Cada vez que se decomise un bien; con cada peso que se le quite, se estará un paso más cerca de desarticular el poder de la delincuencia organizada y de construir un país pacífico en donde los derechos y las libertades sean realidad.