Más de la mitad de los productores del campo en Tabasco y Tlaxcala son víctimas del robo de sus animales e insumos, así como de amenazas, extorsiones y secuestros, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Tabasco, donde el morenista Javier May Rodríguez comenzó a gobernar este mes, es el estado en que la inseguridad limita más el abasto de alimentos. El 51.9 % de sus agroproductores han sido víctimas de estos problemas que, según empresarios, terminan subiendo los precios al consumidor.
En segundo puesto aparece Tlaxcala, que rige Lorena Cuéllar Cisneros, también de Morena, con una tasa de 51.3 %, y en tercer lugar se encuentra Aguascalientes, a cargo de María Teresa Jiménez Esquivel, del PAN, donde la delincuencia pasa factura a 46.5 % de sus productores agropecuarios.
La distribución de frutas, verduras y proteína animal presenta problemáticas —como la inseguridad— que desequilibran su disponibilidad en las localidades, explicó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval.
A lo largo y ancho del país, 3.7 millones de productores del campo tienen alguna dificultad para realizar sus actividades, de los cuales 22.8 % de agroproductores sufren específicamente problemas de inseguridad.
Estos abarcan “robo de sus animales o insumos, amenazas, extorsiones y secuestros, entre otros, y afectan la productividad de la unidad agropecuaria”, precisó el Coneval, organismo encargado de medir la pobreza y que el gobierno propone desaparecer para que sus funciones las absorba el Inegi.
Se suman obstáculos
No solo el impuesto criminal pone en aprietos al sistema alimentario mexicano, sino también los problemas de transportación de los productos.
El problema tiene que ver con la concentración de la comercialización en pocos centros urbanos de abasto de gran tamaño y con las carencias de infraestructura de transportación.
Estados con mayores dificultades
Aquí las tres entidades federativas con mayores dificultades también son los más pobres del país: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con tasas de 36.4 %, 34.7 % y 30.7 %, en ese orden.
Además de la inseguridad y la transportación, 12.7 % de los productores agropecuarios, que equivale a 464 mil unidades, enfrentan dificultades para la comercialización de sus alimentos debido a la existencia de intermediarios.
Los estados que sufren más el problema de la intermediación son Baja California Sur, Colima y Veracruz, con tasas de 19.3 %, 18.7 % y 17.9 %, respectivamente.
Al monitorear las principales ciudades del país, el Inegi encontró que las frutas y hortalizas se encarecieron 53 % de diciembre de 2018 a septiembre pasado, es decir, en la gestión de López Obrador.
Se trata de la mayor alza de precios desde la gestión del expresidente Ernesto Zedillo.