El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene un error estructural que dio pie a que las compañías en territorio nacional sufran abusos de parte del gobierno estadounidense, lo que urge cambiar en la revisión del acuerdo que se llevará a cabo en 2026.
Así coincidieron empresarios, abogados y sindicalistas, quienes destacaron que en los más de cuatro años de vigencia del T-MEC se activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra 29 empresas establecidas en el país y un caso provocó el cierre de la planta de Manufacturas VU en Piedras Negras, Coahuila, mientras otros se relacionaron con la lucha entre sindicatos para ganar espacios.
En el sexenio pasado, la entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, solicitó a su homóloga estadounidense, Katherine Tai, hacer “uso razonable y de buena fe” del mecanismo laboral del T-MEC y activarlo solo “como segundo recurso de última instancia”.
Sin embargo, para el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, “el mecanismo ha sido claro” y añadió que “hemos tenido un buen desarrollo del mecanismo, así que no está propiamente identificado como una complicación en los diálogos”.
Esta herramienta de resolución de controversias se incluyó en el T-MEC y sólo la pueden utilizar los gobiernos de EU y Canadá, si los sindicatos o trabajadores en México se quejan de que las fábricas incumplen leyes de libertad de asociación y negociación colectiva.
El director nacional del Comité de Acuerdos y Tratados Internacionales del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Israel Morales, concordó en que “el mecanismo está muy cargado a favor de Estados Unidos y Canadá”.
“El mecanismo tiene una falla estructural. En ningún lado del mundo es justo que tú te pases un semáforo y a mí me pongan una multa y eso hace el mecanismo, ya que si el sindicato no conduce y asegura la libertad sindical para sus trabajadores y caen en malas prácticas, la castigada es la empresa y por eso es necesario hacerle ajustes a la herramienta”, comentó a El Gran Diario de México.
El socio de la firma De la Vega & Martínez Rojas, Óscar de la Vega, señaló que “el gobierno estadounidense abusa de este mecanismo laboral con objeto de poner en duda a las empresas por violación a temas diferentes a la libertad de asociación y negociación colectiva”.