El 15 de noviembre pasado se presentó la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025 en la Cámara de Diputados. El presupuesto es uno de los indicadores más importante para apreciar qué tanto se cumplirán los planes, promesas y prioridades políticas reales.
En el proyecto enviado se protegen los programas sociales, crecen los ingresos en Morena por concepto de financiamiento público para sus actividades, se proponen recortes a la inversión física y se salvaguardan los 15 programas prioritarios para este gobierno como la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, Bienestar Casa por Casa y Vivienda Social (Sedatu).
Entre quienes trabajan en temas de educación superior, ciencia y tecnología, experimentaron una profunda molestia y desconcierto cuando constataron que había una importante disminución del presupuesto para la Educación Superior. Si el discurso de la presidenta era asegurar la suficiencia de recursos como una cuestión primordial y mantener una educación pública de calidad, la contradicción no podía ser más evidente.
El mismo 15 de noviembre, en el comunicado No. 69 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informó que hubo un error en el presupuesto destinado a la Unam y al IPN, pero que ambas instituciones tendrían un incremento de 3.5 % para el año próximo como lo había instruido la presidenta de la República.
La propuesta original de presupuesto para las dos instituciones federales consideraba una disminución del 10 %, respecto de lo que recibieron este año, mientras que el recorte para otras instituciones era mayor, como la UAM, que tenía un decremento de 14 %.
Una nueva aclaración dirigida a universidades e instituciones de Educación Superior del Consejo Regional del Área Metropolitana por parte de Anuies, hizo saber que también se rectificaría su presupuesto y se les haría extensivo el incremento de 3.5 %. Sin embargo, todo parecía improvisado, porque la misma aclaración tenía una fecha equivocada: 15 de noviembre de 2025.
Los errores y desaciertos que provocaron aclaraciones y ajustes en el presupuesto el mismo día, muestran un descuido en un asunto clave, cuando no una franca indiferencia. Sin embargo, una disminución de recursos tiene graves consecuencias para la educación. En el caso de la UAM significaría “la desaparición de facto del programa de becas Elisa Acuña para 16 mil integrantes del alumnado, la imposibilidad de concluir obras iniciadas en el presente año, así como una caída real y significativa en el monto destinado al pago de salarios del personal académico”, como lo anotó la misma institución en su comunicado del 15 de noviembre de 2024.
La reciente controversia sobre el presupuesto subraya un desafío crítico para la credibilidad gubernamental, no solamente es la justificación de la distribución de los recursos públicos y alineación de las políticas con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, también es importante que haya coherencia entre el discurso político y las acciones concretas.
La incertidumbre y vaivén en las decisiones presupuestales afecta la confianza en la gestión pública cuando se está en espera de un cambio anunciado en la priorización de los recursos que afectan directamente al sector educativo.