Uno de los pilares de la Estrategia de Seguridad de la presidenta Sheinbaum se enfoca en consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, fortalecer las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y reactivar la inteligencia penitenciaria. El común denominador en esa orientación es la creación de productos de inteligencia que, al final, apoyen a las fiscalías y sirvan en los tribunales para lograr condenas sólidas.
Este enfoque subraya la relevancia de contar con información precisa para combatir al crimen organizado y busca resolver las deficiencias históricas de coordinación entre las instituciones de seguridad del país.
La inteligencia, en este sentido, deja de ser un mero recurso de información para convertirse en una herramienta estratégica que facilite el desmantelamiento de estructuras delictivas, neutralice liderazgos criminales y, en última instancia, contribuya a reducir la impunidad.
Este cambio de paradigma implica que la inteligencia ya no se limitará a recolectar datos, sino que será aplicada directamente en el contexto judicial, posibilitando la detención y procesamiento de delincuentes, especialmente de alto impacto.
No obstante, el éxito de esta iniciativa requiere reformas que permitan a las instituciones de justicia aprovechar mejor la inteligencia. Hoy en día, aunque instancias como el CNI generan información valiosa, su uso en investigaciones y procesos judiciales sigue siendo limitado o incluso prohibido.
Para superar este obstáculo, es necesario dotar a estas instituciones de mayor flexibilidad para integrar de manera efectiva los datos de inteligencia en las investigaciones y procesos penales.
Un área que también está prevista es la inteligencia penitenciaria. Las cárceles han sido, durante mucho tiempo, centros de operación del crimen organizado. Desde allí, líderes criminales continúan gestionando sus redes con relativa impunidad.
La estrategia actual busca reactivar la inteligencia dentro de los penales, identificando a los actores generadores de violencia y reduciendo su capacidad de operación desde el interior.
El despliegue de fuerzas especializadas constituye otro componente fundamental de la nueva estrategia. Estas unidades, extendidas en los municipios más violentos, operarán de manera coordinada utilizando información de inteligencia para realizar detenciones y operaciones que incidan en la disminución de la violencia.
La clave del éxito radica en la continuidad y cohesión de estas fuerzas, dado que la falta de coordinación y de seguimiento de resultados han sido, en el pasado, un factor importante en el fracaso de la lucha contra el crimen organizado.
El éxito del nuevo enfoque en inteligencia e investigación para la seguridad dependerá, en última instancia, de su implementación efectiva y del compromiso político, tanto a nivel local como federal, para mantener una coordinación constante.
Aunque los desafíos son significativos, el potencial de transformar la realidad criminal del país a través de un uso más estratégico de la inteligencia es innegable.
El reto será garantizar que estas herramientas se traduzcan en acciones concretas con validez legal que disminuyan la impunidad y lleven a los responsables ante la justicia.