Resulta una paradoja que mientras la igualdad de género se materializa en que, por primera vez, México tiene una presidenta de la República, en una representación paritaria en el Congreso de la Unión, un mayor número de mujeres en el gabinete federal, gobiernos estatales y municipales, la violencia contra las mujeres está alcanzado niveles de espanto.
No hay límites ni grupo de mujeres que se salve. Las víctimas van desde niñas, adolescentes, adultas y adultas, y el rango de delitos se amplía cada vez más, desde la expresión más brutal de la violencia, que son el feminicidio e infanticidio, hasta abuso sexual y agresiones físicas que dejan a las víctimas secuelas permanentes.
Tan solo en una semana, tres acontecimientos denotan la creciente ola de violencia. El más reciente fue contra una madre de familia cuyo exesposo arrolló y asesinó frente a sus seis hijos en Matamoros, Tamaulipas.
Otro ocurrió el 5 de noviembre, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde un sujeto atacó y mató a machetazo a su expareja e hirió a una amiga que la acompañaba.
A estos dos los precedió una golpiza, sin motivo aparente, perpetrado por un joven contra su novia. Ambos son estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Estos hechos se suman a las estadísticas de delitos contra mujeres en el país, muchos de ellos no resueltos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, 41.8 % de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia (antes de cumplir 15 años).
En 2022, según datos de las fiscalías generales de Justicia estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños de esta edad, con 4,197 y 884 casos, respectivamente.
Al respecto, cabe señalar que, a partir de resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, del mismo instituto, de 68.0 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en 47.9 % no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 27.6 % resultó en trámite.
Lo anterior se traduce en que 75.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna en 2023. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 17.2 % de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2023, el porcentaje de delitos con una resolución positiva para la o el denunciante fue 1.2.
En decir, la impunidad prevalece en la mayoría de los delitos, incluyendo las agresiones contra las mujeres.
En este contexto, cabe preguntar ¿qué está haciendo el Estado mexicano frente a las múltiples violencias contra las mujeres y qué más podría hacer?
Hay muchas recomendaciones institucionales, de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil; la cuestión fundamental es la voluntad de ponerlas en práctica, una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, poderes del Estado y fiscalías y, por, supuesto, más presupuesto.
Puede haber muchas iniciativas, pero sin el cumplimiento de estas condiciones indispensables, la violencia contra las mujeres prevalecerá con niveles cada vez más atroces.