El INAI anunció una investigación de oficio por la divulgación de datos personales que el viernes hizo Presidencia de la República en el caso “Márquez Padilla”, en el cual Pemex acusa a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), de cobrar ilegalmente una pensión millonaria.
En un comunicado, el organismo autónomo señaló que acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones, y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones previstos en la normatividad.
El instituto advirtió que los documentos publicados por Presidencia de la República “contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas, por lo que presume la existencia de incumplimientos a la LGPDPPSO”.
A la par de la investigación de oficio, indicó, el instituto se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por la difusión de sus datos personales, a fin de iniciar los procedimientos correspondientes.
En su cuenta de X, Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, condenó “enérgicamente” la filtración de datos personales que el viernes difundió Presidencia de la República en su sitio web y advirtió que el organismo autónomo realizará las medidas correspondientes para investigar este hecho.
Por lo anterior, cerca de 200 políticos, periodistas y académicos se solidarizaron con la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y firmaron una carta para rechazar las acciones.
Azucena Uresti hizo pública la carta a través de su cuenta de X; entre los firmantes se encuentran la propia periodista, Ángeles Mastretta, Enrique Krauze, Leonardo Curzio, Héctor Aguilar Camín, José Ramón Cossío Díaz, Fernando Gómez Mont, Pablo Hiriart, Ciro Murayama, entre otros.
Los firmantes acusaron al gobierno de López Obrador de usar la tragedia familiar para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión.