La independencia judicial es crucial para enfrentar la delincuencia organizada (DO) en México, debido al desafío que representan los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales.
Las Convenciones de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac) establecen las obligaciones de los Estados. Parte para combatir el crimen organizado y la corrupción, incluyendo la necesidad de garantizar la independencia de los jueces.
Ambas convenciones instan a los Estados a garantizar la independencia de los jueces que conozcan de DO, asegurando que actúen sin influencias externas.
Promueven el fortalecimiento de los sistemas judiciales mediante medidas de protección, capacitación continua y la implementación de códigos de ética estrictos.
Además, fomentan la transparencia en el nombramiento y promoción de esos jueces, así como la cooperación judicial internacional, indispensable para investigar delitos transnacionales de manera imparcial.
La reciente reforma constitucional al Poder Judicial Federal estableció mecanismos para fortalecer la independencia del sistema judicial, incluyendo la creación de comités de selección por cada poder de la Unión, según los artículos 94 y 96 reformados. Estos comités, compuestos por expertos independientes, supervisan el reclutamiento de jueces mediante exámenes de conocimientos, pruebas de integridad y entrevistas, garantizando transparencia y objetividad.
Sin embargo, la reforma no incluyó un procedimiento específico para la selección de jueces en materia de DO, lo que sigue siendo una debilidad significativa.
La elección de jueces por voto popular se estableció como una forma de hacer el sistema más representativo, pero conlleva riesgos significativos, como la vulnerabilidad a la cooptación por grupos criminales en regiones con base social y fuerte influencia del crimen organizado, los jueces federales podrían ser fácilmente sometidos por estos grupos.
La falta de sistemas adecuados de control y selección para evitar la cooptación de jueces por la DO tiene graves consecuencias para el Estado de derecho y la seguridad pública en México. Sin medidas efectivas para garantizar la independencia judicial, los jueces corren el riesgo de ser objeto de amenazas o corrupción, lo que debilita la confianza pública en el sistema de justicia.
Esto también podría afectar la cooperación internacional, ya que otros países podrían desconfiar de la imparcialidad de los jueces mexicanos, dificultando la ejecución de tratados y la lucha conjunta contra el crimen organizado.
Es fundamental establecer requisitos más estrictos para la selección de jueces en DO, considerando mecanismos como el uso del polígrafo o un procedimiento de “vet” internacional, que implique una investigación exhaustiva y evaluación detallada de cada candidato, como se hace con fiscales y policías que investigan a la DO.
Solo mediante la implementación de estas medidas se puede garantizar que los jueces mexicanos en esa materia actúen con la independencia necesaria, conforme al Estado de derecho y las obligaciones internacionales que México ha asumido.