En algunas semanas el Congreso de la Unión definirá el futuro de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, conocida como Mejoredu, creada en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador como un organismo descentralizado, cuyo campo de acción también es la formación continua de maestras y maestros de Educación Básica (EB) y Educación Media Superior (EMS). La razón que se aduce para su extinción es la supuesta duplicidad de atribuciones y funciones con la Secretaría de Educación Pública.
Esta afirmación no es del todo precisa, pues la reforma educativa llevada a cabo en el año 2019 estableció que la formación continua es una responsabilidad compartida y definió competencias jurídicas exclusivas y concurrentes entre las autoridades educativas Federal, de los Estados, de la Ciudad de México y de los organismos descentralizados, así como de Mejoredu, asignando a este organismo la responsabilidad de establecer la normatividad en la materia y elaborar programas para ponerlos a disposición de las autoridades educativas del país para su operación.
Este diseño jurídico ha representado un gran desafío fundamentalmente por dos razones. La primera, por el planteamiento y acciones que Mejoredu ha desarrollado para mejorar la formación continua de maestras y maestros de EB y EMS, que implica avanzar hacia una nueva cultura de formación continua fincada en un enfoque situado. La segunda, por las tensiones con las autoridades educativas federales en las que por décadas recayó la normatividad en la materia.
Durante los últimos cuatro años, Mejoredu, principalmente con las autoridades educativas de todos los Estados del país a través de sus áreas y equipos estatales, ha desplegado un gran esfuerzo para superar la perspectiva subsidiaria e instrumental de formación, centrada en el corto plazo y en asuntos coyunturales, cuya operación ha recaído fundamentalmente en actores externos al sistema educativo alejados de los desafíos de la práctica que afrontan de manera cotidiana las maestras y maestros.
El proceso puesto en marcha ha buscado transitar hacia el diseño y operación de programas de formación continua estatales y nacionales, de mediano plazo, con enfoque situado, que atiendan a todos y todas las maestras en las distintas funciones que desarrollan y recuperen sus saberes y el contexto en el que realizan su práctica, a partir de procesos reflexivos.
El camino sin duda es complejo, pues implica la transformación de creencias, tradiciones, rutinas, estructuras organizacionales y procesos de trabajo instalados desde hace décadas en el sistema educativo.
No obstante, revalorar a las maestras y los maestros de ambos tipos educativos como profesionales con saberes y autonomía, que impulsen la nueva escuela mexicana, obliga a sostener y robustecer la política de mejora de la formación continua de docentes, en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de este país.