Entre los más de cuatro millones de documentos hackeados por el grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se reveló que desde el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México se ha dado la venta de armas a criminales.
Se detalla en un informe de inteligencia del 10 de junio de 2019 que la Sedena tuvo conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México.
Se informó que en el análisis de metadatos del equipo telefónico utilizado por el militar, las autoridades confirmaron que la base de operaciones del soldado ligado a criminales está en el municipio de Villa de Almoloya de Juárez, cerca del octavo regimiento mecanizado de la Sedena.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que al momento de elaborarse el reporte de inteligencia se desconocía la identidad de ambos militares.
“En otro reporte elaborado el 24 de junio de 2019 se menciona que el militar que abastecía de armas a la célula delictiva es escolta de un mando castrense al que los criminales llaman ‘nuevo Comandante’ y que tiene el rango de coronel”, se detalla.
De acuerdo con el reporte, en las llamadas interceptadas por la Sedena el militar informó a un líder del grupo delictivo que desde hacía dos semanas tenía un nuevo jefe y que forma parte de su escolta.
En las llamadas interceptadas refieren que un líder criminal le pidió al militar “dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle”.
Además menciona Mexicanos contra la Corrupción que el militar ofreció colaborar con los delincuentes para la ubicación del fiscal regional en Amecameca, porque supuestamente, a petición del líder delictivo se planeaba su asesinato.