Hace prácticamente dos meses, en el país se renovaron 20 mil 708 cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal, entre ellos, la Presidencia de la República. Derivado de este suceso democrático que vivió México, nueve entidades federativas y sus municipios, así como el Gobierno Federal, comenzaron la etapa de transición.
Los procesos de entrega-recepción forman parte de un mecanismo de rendición de cuentas. Con este proceso se transfieren bienes muebles e inmuebles, recursos materiales, financieros y humanos, todo ello sustentado en archivos electrónicos y aún en papel.
Lo anterior es fundamental e indispensable para garantizar no solo una transición ordenada que mantenga la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, sino también la transparencia de la vida pública.
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es muy útil en los procesos de transición. Pero aunado a ello, quien reciba deberá de recibir contraseñas de plataformas y la información cargada hasta la actualidad.
El interés de la sociedad es tal que, al realizar una búsqueda dentro de la PNT bajo la categoría “entrega-recepción”, se pueden encontrar: 44 mil 684 solicitudes de información que han sido ingresadas por la ciudadanía; 395 recursos de revisión (quejas de respuestas) ante negativas de información; y 642 mil 331 registros de información pública relacionados con la carga de las obligaciones en materia de transparencia que realizan los sujetos obligados de todo el país.
Esto refleja que, actualmente, cada vez son más las personas pendientes de cómo transcurren estos procesos de entrega-recepción. Además, su utilidad va más allá, servirá para compulsar que lo entregado corresponda con lo informado en el trimestre correspondiente y conocer información sobre el estado que guarda una administración.
La facultad para normar los procesos de entrega-recepción recae en las secretarías de la Función Pública y en las contralorías de los estados y municipios. Además, los Órganos Internos de Control (OIC) forman parte de los Comités Coordinadores de los Sistemas Estatales Anti-Corrupción, mismos que son espejos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Pero es necesario una reforma para que la entrega-recepción sea parte de las obligaciones de transparencia y así todas las actas puedan ser consultadas por la sociedad en todo momento. Para lograrlo se debe reformar la ley de transparencia, tarea que no es sencilla pero que valdrá la pena si se quiere transparencia total en la administración pública.
La fiscalización y rendición de cuentas son fundamentales en el ejercicio gubernamental. Por ello, se debe trabajar en todo momento con profesionalismo y con apego a los métodos diseñados para la fiscalización y revisión de los recursos públicos.
No hay que olvidar que los políticos no son el centro de la ecuación, es la sociedad. El combate a la corrupción empieza cuando la sociedad demanda transparencia y rendición de cuentas; la entrega-recepción es un paso para ello.