El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) ratificó el mismo martes la solicitud de juicio procedencia o desafuero a la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez, a quien se le relaciona con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

El funcionario de San Lázaro precisó que los motivos de la solicitud son por el presunto delito de uso de documentos oficiales falsos, como fue que la legisladora sinaloense utilizó una credencial de elector falsa para ingresar al penal federal del Altiplano para visitar al delincuente.

La solicitud de desafuero la realizó el agente del Ministerio Público federal el martes aproximadamente a las 13:00 horas, y al entregar el documento a la Secretaría General, ratificó esta petición.

Con ello se formaliza y se tendrá que iniciar el procedimiento para quitarle la protección constitucional a la diputada y responda a la autoridad judicial.

La Declaración de Procedencia o desafuero está vinculada a la materia penal, esto es, a los ilícitos que de esa naturaleza puedan cometer los servidores públicos que establece el Artículo 111 de la Constitución.

La Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos señala que primero, en este caso, el Ministerio Público Federal presenta la denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y la ratifica y dicha instancia la remite a la Comisión Jurisdiccional.

La Comisión Jurisdiccional, que fue instalada el 13 de octubre pasado y que preside la diputada Sandra Méndez Hernández, de entre sus integrantes nombra a cuatro diputados de las diferentes fuerzas políticas, por acuerdo de la Jucopo para conformar la Sección Instructora.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia para el Juicio de Declaración de Procedencia, mejor conocido como desafuero, la Sección Instructora debe notificar al denunciado, que es la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez, y le indica su garantía de defensa y que deberá a su elección comparecer o informar por escrito, dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación y en ese plazo, el denunciado comparece o informa por escrito.