El pasado 18 de septiembre el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, por unanimidad de 492 votos, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el que se reforma el artículo 2º de la Constitución, el cual reconoce y garantiza plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Esta reforma constitucional salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, puesto que reconoce su capacidad para tomar decisiones de manera colectiva, con pleno respeto a sus culturas e identidades.
Esta iniciativa de reforma es el resultado de un histórico e inédito proceso de diálogo y consulta, pues nunca había tenido lugar en el país. Entre 2019 y 2021, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación llevaron a cabo un amplio proceso nacional de consulta previa, libre e informada en el que participaron más de 40 mil personas.
De ellas, 21 mil 300 fueron autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas quienes contribuyeron con sus voces, ideas y entusiasmo. Además, cuenta con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades y ciudadanos, recabadas en el marco de las asambleas generales comunitarias.
La propuesta de reforma constitucional, integrada por las opiniones y propuestas de los pueblos indígenas y afromexicanos, fue entregada al presidente de la República el 28 de septiembre del año 2021, en Vícam Pueblo, Sonora, en el contexto de la petición de perdón y la creación de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui.
Recoge varios temas prioritarios para la vida y el goce de los derechos de los pueblos y para avanzar hacia un nuevo tipo de relación entre estos y el Estado mexicano al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, protegiendo así su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y biodiversidad que integran su patrimonio biocultural, material e inmaterial, además del reconocimiento y protección de la propiedad intelectual colectiva y el reforzamiento del derecho de las mujeres indígenas a participar de manera efectiva en la toma de decisiones en los procesos de desarrollo integral de los pueblos y comunidades.
Con la reforma al artículo 2º constitucional, se da un paso fundamental hacia una Carta Magna con dimensión intercultural y de pluralismo jurídico cuyo contenido debe ser abordado integral y sistemáticamente, tanto desde nuestras normas nacionales como desde el ámbito jurídico internacional a fin de desmontar las añejas estructuras de dominación y exclusión y construir un país más incluyente.
La dimensión y profundidad del significado de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, aunada a las 17 reformas adicionales que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados, el pasado 5 de febrero, otorgan al constitucionalismo una orientación distinta a fin de abandonar las políticas para transitar a un régimen de justicia, inclusión y paz.